Gobierno lanza reto a las ONG Aprodeh y Cejil por sentencia de la ​Corte IDH

El pago a Organizaciones No Gubernamentales que se contempla en la sentencia de la Corte IDH es considerado por el Mandatario como una “mala noticia”
Gobierno lanza reto a las ONG Aprodeh y Cejil por sentencia de la ​Corte IDH

Gobierno lanza reto a las ONG Aprodeh y Cejil por sentencia de la ​Corte IDH

01 de Julio del 2015 - 07:30

Los $30,000 que el Estado peruano deberá pagar a las ONG Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil), tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), deben ser entregados como indemnización a los familiares de las tres personas que murieron durante el operativo Chavín de Huántar.

Así lo planteó el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, quien ayer desafió a las dos organizaciones a donar el dinero que recibirán de las arcas del país luego de que el tribunal internacional ordenara pagar $10 mil a Aprodeh y $20 mil a Cejil.

Ello, dice la resolución de la Corte IDH, por concepto de gastos y costas de las acciones realizadas durante su patrocinio a los parientes de los tres terroristas del MRTA que fallecieron durante el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón, en abril del 1997.

Y es que para Gustavo Adrianzén, los parientes de los comandos Juan Valer y Raúl Jiménez, así como los del magistrado Carlos Giusti, son los “únicos legítimos para cobrar”.

“A estas organizaciones que se jactan y se rasgan las vestiduras diciendo que no tienen pretensión económica, y a las que escuché ayer decir que pensaban donar el dinero, yo les digo que no busquen a quien donarle nada, tóquenle la puerta a los familiares del coronel Valer, del capitán Jiménez, del doctor Giusti que fueron asesinados por los familiares de quienes ellos defendieron”, expresó tajante para luego añadir que “ellos son los únicos y legítimos para cobrar”.

MALA NOTICIA. Para el presidente Ollanta Humala, esta decisión de la Corte IDH (de abonar $30 mil a las ONG) es una “mala noticia”, considerando que hay muchos terroristas sentenciados que aún no cumplen con pagar las reparaciones que les ordenó el Poder Judicial.

“Nosotros creemos que primero tienen que pagar ellos (los terroristas) lo que le deben al Perú”, dijo desde Huánuco.

Sin embargo, el Mandatario señaló que el fallo de la Corte IDH ha ratificado la posición peruana de que los comandos Chavín de Huántar “no son villanos”.

“El fallo legitima la operación Chavín de Huántar, en el sentido que fue un operativo diseñado con la finalidad de rescatar a los rehenes, sin ningún fin subalterno”, comentó.

NO LO HARÁN. La respuesta de la representante de Aprodeh, Gloria Cano, no se hizo esperar. En Canal N, la abogada manifestó que la compensación a las víctimas del MRTA es responsabilidad del Estado y no de ellos.

En este sentido, agregó que el dinero sí será donado, pero a una organización benéfica.

“Nosotros lo que vamos a hacer es definir a qué organización vamos a entregar ese dinero. Estamos explicando que son obligaciones del Estado el cubrir esas necesidades (de las familias de los fallecidos). Si no está cumpliendo, lo que podemos hacer es ayudarles (a los familiares) a través de una demanda interna o internacional para que el Estado cumpla con sus obligaciones”, contestó.

Además, negó que alguna de las dos organizaciones sin fines de lucro hayan pedido a la Corte IDH algún monto pecuniario.

Sin embargo, en la sección E del capítulo XII de la sentencia se lee que los representantes de “Cejil solicitaron a la Corte IDH que fijara en equidad la cantidad de $31778,10 en concepto de gastos”.

REACCIONES. En la opinión del vicealmirante (r) Luis Giampietri, quien fue uno de los rehenes en la residencia del embajador japonés, el reembolso a las ONG sí puede ser considerado una indemnización.

“El triunfo ha sido un triunfo para ellos (ONG). ¿No son organizaciones sin fines de lucro? ¿Y la plata que tienen es para eso? ¿Qué van a hacer con esa plata?”, se preguntó.

En este sentido, reiteró que los únicos que no han sido recompensados fueron ellos (los rehenes) y las familias de quienes murieron.

“El Estado ha pagado más de $21 millones en compensaciones a terroristas”, recordó.

En esta línea, lamentó la sentencia de la Corte IDH, a la que acusó de “perseguir un fin político”.

“El objetivo, es el de las ONG políticas que existen en este país, que era manchar la operación Chavín de Huántar. Era quitarle este mérito al Estado peruano y decir ‘fue una operación exitosa, pero tuvo su parte fea’”, protestó en Canal N.

Finalmente, dejó sobre la mesa la posibilidad de que el Perú salga de la Corte IDH, especialmente porque siempre falla a favor de los subversivos y en perjuicio del país.

“Los peruanos deben preocuparse o pedir referéndum para votar por la permanencia del Perú en la Corte IDH”, manifestó.

Estas afirmaciones fueron respaldadas por el jurista Fernán Altuve, quien en RPP consideró que la balanza de la Corte IDH está inclinada a favor a los derechos de los violentistas y en contra de los militares.

“Este tema de la Corte IDH es un negocio porque se ven beneficiados con las indemnizaciones, se ven beneficiados con las costas”, manifestó.

Fernán Altuve consideró también que las declaraciones vertidas por el titular de Justicia son demasiado optimistas, pues expresó que el fallo es una sentencia provisional que será complementado con la resolución de la 58 Fiscalía Penal Provincial de Lima que investiga la presunta ejecución extrajudicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, “Tito”.

“(El fallo) es una primera reparación. Luego viene la reparación material que debe ser dada por la Fiscalía (...), ya se ratificó que se ha producido una vulneración de la vida y el fiscal no puede ir menos que eso”, señaló.

QUE SE CUMPLA. Por otro lado, el abogado Edgar Odón Cruz Acuña, hermano del camarada “Tito”, indicó que “el caso ya está en el pasado” y que, por ello, ya no se debe volver a hablar sobre el tema “porque nos causa mucho dolor, mucha angustia”.

Sin embargo, en comunicación con Correo, sostuvo que el Estado peruano debe cumplir con todo lo estipulado en el fallo, es decir, concederse los pagos y las medidas establecidas.

“Estamos de acuerdo con lo que ha fallado la Corte IDH y lo que disponga este Tribunal tiene que concederse acá, a nivel interno”, demandó.

Cruz Acuña indicó que hasta el momento no se ha contado con el Ministerio de Justicia, a fin de evaluar los mecanismos de reparación.

“Como familiares, nosotros estamos (afectados) por todo lo que ocurrió hace mucho tiempo y no queremos volver a recordarlo”, señaló.