El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, expuso ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington DC la posición del Gobierno en respuesta al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno de la reciente crisis peruana tras la vacancia de Pedro Castillo.

Durante la sesión, informó haber solicitado formalmente ante la Secretaria Ejecutiva de la CIDH el archivamiento sumario de tramitaciones admitidas a pedido de terroristas como Víctor Polay Campos (líder del MRTA), Florencio Flores Hala, “Artemio”, alto mando terrorista en el Vraem, y otros.

“Son asesinos que buscan sorprender a la CIDH”, dijo Otárola.

GOLPE.

En referencia a Pedro Castillo precisó: “Por si no hubiera quedado suficientemente claro, el ex presidente Pedro Castillo está preso por dos razones incuestionables”.

“Por haber dado un golpe de estado, que en Perú es un delito y, sobre todo, una decisión que traicionó los intereses de los peruanos, y que se configuró en este golpe de Estado el perjuicio de nuestro compromiso internacional a través de la Carta Democrática Interamericana”, manifestó.

“Igualmente -añadió- está en prisión por serias acusaciones de corrupción de su gabinete, de su entorno y de él mismo”.

PROTESTAS.

Otárola, en el caso de las decenas muertes durante las protestas, señaló que el gobierno está comprometido con “la necesidad” de investigar dichas muertes en las jornadas de protesta de diciembre de 2022 y enero de 2023.

En este punto, el primer ministro hizo hincapié en un escenario de violencia “alimentada por grupos extremistas ajenos a quienes realizaban protestas pacíficas”.

Según el informe de la CIDH, del 23 de abril último, “hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos

concretos” por parte de las fuerzas estatales.