Las empresas nacionales y extranjeras involucradas en actos de corrupción serán inhabilitadas en forma definitiva y no podrán firmar contratos con el Estado peruano, según propone un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso.

La iniciativa legal busca impedir que tales firmas privadas participen como postores, contratistas o subcontratistas en licitaciones públicas.

La propuesta también precisa que deben ser incluidas aquellas compañías involucradas en un proceso penal con acusación fiscal por corrupción, concusión, colusión y cohecho, tipificados en los artículos 382 al 401 del Código Penal. También se vetará a las empresas que pretendan operar bajo un nuevo nombre comercial.

“La prohibición es de carácter definitivo y alcanza incluso a las personas jurídicas que pretendan operar bajo un nuevo nombre comercial, denominación o razón social, o a través de mecanismos de reorganización societaria, como la escisión y/o fusión”, reza el proyecto de ley firmado por la presidenta Dina Boluarte Zegarra y el jefe de Gabinete Gustavo Adrianzén.

Una de las empresas extranjeras a la que alcanzarían esta prohibición de aprobarse, sería la constructora Odebrecht.