El Gobierno promulgó la Ley N.º 32696 que fija disposiciones especiales para la ejecución del proyecto de inversión Nueva Carretera Central. La norma fue publicada este viernes en el Diario Oficial El Peruano y establece un marco orientado a garantizar la continuidad, priorización y coordinación interinstitucional de la obra.

Con este dispositivo legal se declara el proyecto como de necesidad pública y de preferente interés nacional. Además, dispone que su ejecución se desarrolle bajo criterios de sostenibilidad fiscal y dentro del ordenamiento jurídico vigente.

La ley determina que la ejecución del proyecto deberá sujetarse a los principales sistemas administrativos del Estado. Entre ellos se incluyen los sistemas de programación multianual de inversiones, presupuesto público, endeudamiento, tesorería y las reglas fiscales junto al Marco Macroeconómico Multianual.

¿Cómo se ejecutará el proyecto?

La ley establece que la Nueva Carretera Central será ejecutada bajo titularidad pública. La definición de la modalidad de ejecución queda a cargo del Poder Ejecutivo conforme a la normativa vigente.

El texto contempla alternativas como obra pública tradicional o contratos de Gobierno a Gobierno. Asimismo, se incluyen esquemas de gerenciamiento de proyectos, oficinas especializadas y asistencia técnica de otros Estados, además de la participación privada bajo las reglas existentes.

El financiamiento del proyecto se realizará mediante recursos del presupuesto público y operaciones de endeudamiento. Además, se consideran ingresos generados por la propia infraestructura conforme a la normativa aplicable.

El Ministerio de Economía y Finanzas, junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, deberá incorporar progresivamente los recursos necesarios en la programación multianual. Todo el proceso se desarrollará bajo las reglas fiscales y el marco macroeconómico vigente.

Con la norma se creará una Comisión Multisectorial de Coordinación y Seguimiento de carácter temporal. Este grupo estará integrado por representantes de los gobiernos regionales del ámbito de influencia del proyecto, además de otras entidades del Ejecutivo.

Sus principales funciones serán la coordinación interinstitucional, seguimiento del avance físico y financiero y supervisión de la programación de inversiones. Dicho grupo deberá remitir informes semestrales a la comisión competente del Congreso.

Mientras que, el Poder Ejecutivo deberá garantizar la publicación periódica de información sobre el avance del proyecto. Esto incluye datos sobre ejecución presupuestal, hitos principales y cronogramas referenciales.

La ley establece un plazo de 60 días calendario para su reglamentación y su vigencia comenzará al día siguiente de la publicación del reglamento correspondiente. Adicionalmente, autoriza la creación de mecanismos financieros adicionales para sostener el proyecto. Entre ellos se contemplan fondos de inclusión vial, fideicomisos y esquemas vinculados a ingresos de la infraestructura como peajes.

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