La presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, descartó que se haya anunciado el retiro del procurador general Daniel Soria. El nombramiento del funcionario fue cuestionado días atrás por el abogado del presidente Pedro Castillo y por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien indicó que el expediente de su designación sería revisado.

ACLARACIÓN. Durante una ronda de prensa tras la sesión del consejo descentralizado en Moquegua, la premier sostuvo que el Ejecutivo “no va a actuar de manera represiva contra ninguna autoridad”, pues “lo importante es respetar la independencia”.

“Nadie ha anunciado que se va a retirar al procurador (Daniel Soria) y eso hay que dejarlo claro, no es el objetivo de este Gobierno, por el contrario: reafirmamos nuestro criterio y sentido de independencia por las autoridades de diferentes poderes”, indicó.

Vásquez Chuquilín añadió que “hubo algunos comentarios respecto a la actuación del procurador” por parte del abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas. No obstante, recalcó que desde el Gobierno existe “un respeto no solamente por las instituciones que administran justicia y las autoridades también”.

“Hay un pedido por parte de la defensa de revisar alguna actuación del procurador, es un requerimiento. Como el procurador depende del Ministerio de Justicia, el ministro ha expresado que podría acceder a esta solicitud que se ha hecho para revisar algunos aspectos referentes a su actuación”, aclaró.

“Eso no significa o no se debe interpretar como interferencia, persecución”, agregó para luego descartar algún posible anuncio sobre la salida de Soria del cargo.

PEDIDO. El último jueves, el titular del Minjus, Aníbal Torres, manifestó que el nombramiento de Daniel Soria sería revisado. Ello, luego de que la defensa legal de Castillo señalara que el procurador no cumple con los requisitos para ocupar dicho cargo.

“Frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador. Yo procederé conforme a la ley, no me puedo salir de la ley”, dijo Torres a RPP.

Cabe recordar que el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, visitó el despacho del ministro de Justicia el martes 4 de enero, según el registro oficial de visitas.

El miércoles, un día después de este encuentro, el defensor legal del jefe de Estado exhortó -a través de declaraciones a la prensa- a Aníbal Torres a que revise si es que la designación de Daniel Soria como procurador general de la República cumplía con los requisitos de ley.

Muy diligentemente, Torres se expresó luego en un sentido crítico de Soria y no descartó una destitución, algo que ya no procedería con la declaración de Mirtha Vásquez que lo desautoriza.

Recomiendan presentar recurso ante un juez constitucional o una demanda competencial para revertir decisión fiscal

Alternativas. El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, está habilitado para acudir al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional con el fin de discutir la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien dispuso la suspensión de las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo hasta que culmine su mandato en atención a su inmunidad absoluta.

Así lo consideraron los expresidentes del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez y Óscar Urviola, quienes cuestionaron la decisión de Ávalos.

“La Procuraduría General del Estado puede presentar un recurso de amparo ante un juez constitucional. Es válido que acuda al juzgado constitucional para interpretar la Constitución”, dijo Álvarez a Correo.

No obstante, reparó en que la mayoría de los jueces de primera instancia son provisionales y, por tanto, “no serían tan independientes al poder político”.

“En caso el juez rechace la demanda de amparo, la Procuraduría puede apelar ante la Sala Constitucional y si confirma el rechazo, puede acudir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, este proceso puede tomar varios meses”, dijo Álvarez.

El jurista lamentó la decisión de la fiscal de la Nación al señalar que el artículo 117 de la Constitución establece que “no se puede acusar pero no se menciona nada sobre investigar”.

“Además, se debe ponderar la búsqueda de la verdad de hechos que han sido materia de denuncia. Si esperamos cinco años, las pruebas pueden correr peligro”, señaló.

En el mismo sentido, Óscar Urviola consideró que la Procuraduría general del Estado puede presentar un recurso de demanda competencial ante el Poder Judicial para revisar la decisión de la titular del Ministerio Público. “No se entiende la decisión de la fiscal de la Nación, dado que la Constitución es explícita al señalar que no se puede acusar, pero no habla de investigar”, dijo Urviola.

Asimismo, indicó que la Defensoría del Pueblo puede intervenir e interponer un recurso legal similar ante el juzgado constitucional.

“La Defensoría también puede participar en este caso”, señaló Urviola.

RESPALDO. Entre tanto, el último jueves, un grupo de procuradores públicos emitió un comunicado para respaldar la gestión del procurador general del Estado, Daniel Soria Luján y rechazar la injerencia política en su trabajo. “Expresamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier intento de injerencia política en la labor de la Procuraduría General del Estado y de los procuradores públicos, pues ello se convertiría en una vulneración al principio de autonomía funcional del que gozan por ley”, señala el comunicado.

Además, invocan al Poder Ejecutivo “a respetar la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado y de los procuradores públicos, ya que ello contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, al mismo tiempo que favorece el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas, que son pilares fundamentales de todas las democracias en el mundo”.

Entre los firmantes figura la procuradora ad hoc Silvana Carrión y la adjunta Nory Vega Caro, entre otros.

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