La solicitud que presentó Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, para recuperar su libertad, no obtuvo los resultados que esperaba.

Y es que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó el recurso de la exfuncionaria para cesar los 18 meses de prisión preventiva que cumple en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos.

La excongresista es investigada en calidad de coautora del golpe de Estado de Castillo del 7 de diciembre de 2022, por la presunta comisión del delito de rebelión (alternativamente, conspiración) en agravio del Estado peruano.

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Chávez Chino apeló la decisión del Poder Judicial (PJ) del 4 de setiembre, oportunidad en que se declaró infundado su pedido de cese de prisión preventiva.

Sin embargo, su recurso fue declarado infundado. La resolución tiene las firmas de los jueces supremos César San Martín, Manuel Luján Túpez, Fátima Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Norma Carbajal Chávez.

De acuerdo con la resolución a la que accedió Correo, la Sala indicó que un hecho relevante está relacionado al peligro de fuga.

Es así que se tiene el testimonio de Cristian Martínez Valencia, chofer del vehículo de la PCM, quien afirmó que Chávez le pidió que la lleve a la Embajada de México.

“Esta testimonial refuerza las evaluaciones que se efectuaron con anterioridad sobre este punto, en especial la declaración de Nataly Yasmín Vega Tafur y el mérito del reporte de geolocalización”, indicaron.

Para los jueces, el ir a la embajada de un país cuyo gobierno había manifestado su voluntad de asilo, “es razón suficiente para estimar subsistente el peligro de fuga”.

La Sala refiere que la expremier Chávez fue ubicada en su domicilio en Tacna cuando se dictó su prisión preventiva. Sin embargo, se maciona que se debe tener en cuenta que “la gran cobertura mediática de los hechos, sujeta a constante presencia e indagación de periodistas, dificultaba cualquier posibilidad de fuga”.

“Debe resaltarse lo especialmente relevante de su conducta previa, de intentar ingresar a la Embajada de México en los marcos de una afectación del orden constitucional”, se lee en el documento.

Acerca del peligro de obstaculización, la Sala indicó que Betssy Chávez ocultó su celular y no lo puso inmediatamente a disposición de la justicia.

Es así que el 16 de marzo de 2023, fecha en que se realizó el allanamiento a su domicilio, no se encontró el teléfono, sino que este fue puesto a disposición el 21 de agosto.

“Esta tardía entrega -cinco meses- permite inferir, hasta el momento, que en su día se ocultó esa fuente de prueba”, señala la resolución.

El documento concluye que no se ha demostrado que el peligro de fuga y obstaculización se haya debilitado.