Foto: Cuarto Poder
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desde que el Poder Judicial dictó detención preliminar por el caso Lava Jato, el 22 de febrero del 2019, el empresario Gonzalo Monteverde Bussalleau y su esposa, María Isabel Carmona Bernasconi, permanecen prófugos de la justicia.

A partir de esa fecha, la defensa de Monteverde ha presentado sendos recursos para anular las decisiones judiciales, que aprobaron las solicitudes de detención preliminar, prisión preventiva por 36 meses y ratificación de esta medida por lavado de activos.

Si bien la pareja de empresarios se encuentra prófuga, no registra ninguna salida del Perú desde diciembre del 2016, según el reporte migratorio, al que accedió Correo.

INVESTIGACIÓN. El nombre de Monteverde es relevante en la trama de corrupción protagonizada por Odebrecht en el país.

A fines del 2019, el fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, señaló que Monteverde habría lavado el 90% de todos los recursos provenientes de la denominada “Caja 2” de la constructora y sería “también generador de activos”.

Vela dijo, incluso, que el empresario podría haber recibido una suma superior a los 29 millones de dólares de la firma brasileña, desde el 2007 al 2015, para pagos ilícitos en el Perú.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Gonzalo Monteverde y María Carmona habrían empleado un grupo de empresas para lavar dinero ilícito de Odebrecht por 24 millones de dólares. Luego recibieron otros 13 millones.

El empresario es sindicado de intentar simular operaciones para justificar el ingreso de dinero a través de subcontrataciones con otras compañías, vinculadas a sus allegados.

DEFENSA. El abogado de Monteverde, Luis Francia, calificó de arbitraria la prisión preventiva y anunció que acudirá al Tribunal Constitucional para anular la medida judicial.

Aseguró que su patrocinado contrató con Odebrecht para la compra de maquinarias para la construcción de un tramo de la carretera IIRSA Norte. “Esta obra se ejecutó. No hay nada ilegal, ni lavado”, afirmó.