Serios cuestionamientos recibió una Opinión internacional emitido sobre el caso del sentenciado expresidente Pedro Castillo.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) consideró “arbitraria” la actual reclusión de Castillo, preso en Barbadillo (Ate) por conspiración para la rebelión, y sugirió su liberación.

Incluso, la integrante Miriam Estrada Castillo (Ecuador) sostuvo que la proclama de Castillo estuvo amparada en la “libertad de expresión”.

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El informe fue difundido tras siete pedidos de indulto o gracia presidencial, a favor del exmandatario, y a poco menos de un mes de culminar el gobierno de José Balcázar, encargado de la Presidencia que llegó al Congreso con el mismo partido que Castillo al poder: Perú Libre.

En el documento, se considera que “el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.

“(Se) pide al Gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Castillo sin dilación”, puntualiza pese a que el Perú no tiene la obligación de adoptar dichas medidas, pues la Opinión de los Grupos de Trabajo no son vinculantes para ningún Estado.

Además, se indica que los jueces que dictaron la sentencia contra Castillo, por conspiración para la rebelión, pudieron ser influidos por un “ambiente de gran presión política”.

Las consideraciones emitidas por los grupos de trabajo de la ONU y su aparente injerencia fue abordado por el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución peruana, en marzo del 2021. En una sentencia (Exp. N.° 04038-2019-PHC/TC) señaló que estas instancias “tienen origen extraconvencional”, por ello, remarcó que “el Estado peruano no se ha sometido expresamente a dicho organismo”.