Gran parte de los conflictos sociales son rentista y detrás están abogados que asesoran a las comunidades, algunas de las cuales buscan prolongarlos para recibir beneficios de mineras como Las Bambas, alerta el especialista. También se encuentran grupos que impulsan narrativas en contra de la minería
Gran parte de los conflictos sociales son rentista y detrás están abogados que asesoran a las comunidades, algunas de las cuales buscan prolongarlos para recibir beneficios de mineras como Las Bambas, alerta el especialista. También se encuentran grupos que impulsan narrativas en contra de la minería

En el sur peruano, básicamente en zonas que están alrededor de la minería, se registran conflictos sociales que “no son tan sociales”, pues hay una actitud absolutamente rentista (de ganar) de las comunidades, con comuneros, que aprendieron a negociar como sus padres, pero que son más duros y utilizan cualquier bandera, como la del agua -cuyo lema conocido es: “Agua si, minería no”- para encarar a las mineras, refirió a Correo el analista político Iván Arenas.

MIRA ESTO: Funcionarios del IPD se repartieron entradas para conciertos de Romeo Santos y Bad Bunny

Agrego que años atrás se decía que los conflictos tenían motivos sociales, ambientales, y que se enarbolaba una bandera que, según la Defensoría del Pueblo, generalmente era la medioambiental.

“Cuando se investiga más sobre el tema se observa que los problemas se generan porque hay una actitud absolutamente rentista de las comunidades”, precisó.

En ese sentido, Arenas explicó que esta actitud rentista se entiende porque muchas veces están asesoradas por abogados, como es el caso de los Chávez Sotelo, que cobraban un porcentaje por concepto de los bonos de éxito cuando obtenían más réditos económicos de las compañías mineras.

“También está Gonzalo Castañeda, de la familia Castañeda Quiroz; asesora a la comunidad de Huancuire (provincia de Cotabambas, región Apurímac), comunidad donde está el tajo de Chalcobamba, el segundo más importante para Las Bambas, que reemplazará al tajo de Fuerabamba”, precisó, al indicar que el objetivo de su análisis es buscar que se enfoque todas las luces hacia los abogados que asesoran a tales comunidades.

Los Castañeda Quiroz, prosiguió, no son solo trabajan con Huancuire, también con otras comunidades en el mismo Cotabambas.

“Asesoran a las comunidades para que levanten una bandera, les construyen una agenda de pedidos. Las mesas de diálogos que se han formado nunca van a tener un acuerdo, porque no les interesa que acaben. A las comunidades les interesa seguir sacando más rentas a las empresas mineras”, agregó.

Las Bambas

Iván Arenas refirió que si una minera no tiene mayores argumentos, la comunidad toma medidas de fuerza, como un paro.

“A la comunidad de Huancuire, Las Bambas le pagó 222 millones de soles por el terreno donde está el tajo Chalcobamba, a cada familia le correspondió 1.7 millones de soles”, resaltó.

Sobre el destino de los dineros recibidos, señaló que los comuneros compraron terrenos en Arequipa, Cusco, Abancay y Lima.

“Solo son comunero cuando llegan a la comunidad para participar de las asambleas; tienen invertidos sus dineros en propiedades”, subrayó.

Sobre Huancuire, dijo que nunca aceptó la consulta previa para el tajo Chalcobamba, bajo el argumento de que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no les comunicó sobre su realización.

A pesar de ello, el Minem dio autorización a Las Bambas para empezar a explotar Chalcobamba, lo que hasta el momento no puede hacer porque un grupo de comuneros invadió -el 14 de abril de 2022- el tajo minero y ahora extrae mineral.

“La comunidad de Huancuire es asesorada por abogados; nunca aceptaron la entrega de Chalcobamba porque querían más dinero. Desde cualquier punto de vista, es legal que la comunidad tengan asesores. Pero muchas veces son llevadas al límite y allí buscan negociar con la minera, y en una negociación de dos privados el Estado no interviene”, precisó.

Explicó que el que hayan asesores detrás de las comunidades no es un delito, pero sí puede serlo cuando se bloquea una carretera y se usa el paro para sentar a las empresas a negociar, como el caso del tajo Ferrobamba, que estuvo paralizado por tres meses.

Las Bambas fue concesionada, en 2004, con tres yacimientos (tajos): Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba.

Ideológico. Arenas dijo que también hay redes ideológicas detrás de las comunidades.

“Hay una red de ONG, como Derechos Humanos sin Frontera, Derechos Humanos y Medio Ambiente, entre otras, que se encargan de construir, difundir y desarrollar las narrativas en contra de la minería, señalando que la minería se lleva sus riquezas, que contaminan el agua. El peligro de estas ONG es que son de izquierda y quieren nacionalizar”, comentó.

Precisó que las ONG, como Oxfam, tienen el financiamiento de la cooperación internacional (por un determinado proyecto), que está en contra de la gran minería.

De otro lado, dijo que los asesores que no pertenecen a ninguna ONG, que son de las redes ideológicas, se financian a puro pulso, como el Conulp, Conacami, etc.

Explicó que entre las redes ideológicas está el Fenate, Movadef nuevo Sendero Luminoso.

“Ideológicamente están en nada, pero manejan el profesorado en Puno y tienen llegada a las comunidades a través de ellos. Da la línea política ideológica y programática de un paro, no están al frente”, explicó.

Sí son importantes, sostuvo, pero no tienen financiamiento, porque los profesores tienen pocos ingresos.

Según el analista, entre las redes de asesores detrás de las comunidades se encuentran: la red “rentista” Chávez Sotelo, en Apurímac; la red “rentista-ideológica” Familia Quiroz en Ayacucho sur-Chalhuahuacho; la red “rentista-ideológica” Abog. Ovalle, Ing. Oto Hitto en Apurímac, Moquegua y Valle del Tambo.

También están la red “ideológica” Conulp en Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa; la red “ideológica” Conacami en Puno, Arequipa, Cusco y Moquegua; la red “ideológica” Plataforma de afectados y ONG’s en Cusco, Puno, Pasco y Arequipa; y el Fenate-Movadef, considerado un nuevo movimiento de Sendero Luminoso, que opera en Sicuani, Puno, Abancay y Andahuaylas, lo cual pone en riesgo a los proyectos mineros que están en el corredor minero del sur.

ANTECEDENTE

Para muestra, un botón. A principios de marzo de 2019, los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo ganaron notoriedad tras la difusión de audios que los comprometían como azuzadores del conflicto social en torno a Las Bambas, a fin de cobrar una suma millonaria a la empresa.

Denunciado el hecho, los hermanos, abogados de profesión y asesores legales de la comunidad de Fuerabamba, fueron detenidos en Lima por la Policía tras ser denunciados por, presuntamente, liderar la organización criminal “Los Chavelos”, dedicada a la extorsión.

Según la hipótesis de la Fiscalía de Criminalidad Organizada de Abancay, los hermanos lideraban actos de extorsión contra el proyecto minero Las Bambas con el objetivo de lograr un pago de 100 millones de soles, por lo que se les sindicó como autores intelectuales del bloqueo de vías en Fuerabamba.

Contra ambos se dictó, en abril de ese año, 36 meses de prisión preventiva. En la audiencia, el Ministerio Público señaló que Frank y Jorge Chávez Sotelo asesoraron desde 2016 a nueve comunidades de Cotabambas, en Apurímac, para que exijan millonarios montos a la minera Las Bambas como compensación por concepto de servidumbre de paso. Además, se recalcó que los imputados exigían el pago de un porcentaje del dinero que pudieran obtener.

No obstante, un mes después el Poder Judicial revocó la prisión preventiva que los Chávez Sotelo cumplían en el penal de Cusco.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS