Andrea Pereyra

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha sido citado para comparecer ante la Comisión de Defensa del Consumidor el próximo lunes 3 de junio a las 11:00 a.m. en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

Esta citación responde al Proyecto de Ley N°7752/2023-PE, que propone la fusión de todos los organismos reguladores de servicios públicos en un solo ente denominado “Organismo Regulador Multisectorial”.

El proyecto de ley busca modificar la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, y pretende fusionar a Ositran, Osiptel, Osinergmin y Sunass. La intención de esta medida es centralizar la regulación de los servicios públicos en un único organismo.

En la misiva enviada al presidente del Consejo de Ministros, se expresa lo siguiente: “Es grato dirigirme a usted para saludarlo, y a la vez, invitarlo a participar en la Sesión Ordinaria de la Comisión que presido, para que informe al pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo que pretende modificar la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, fusionando en un solo ente regulador a todos los organismos reguladores públicos (Osiptel, Osinermin, Ositran y Sunass), lo cual pondría ser riesgoso y perjudicial para los propios usuarios de los servicios públicos”.

En ese mismo sentido, los presidentes de los organismos reguladores han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en la elaboración de esta propuesta. Cuestionan que la medida se haya planteado sin hacerse público el sustento técnico y legal que la respalda, y sin requerir la opinión previa de los organismos involucrados.

Los reguladores también advierten que la fusión propuesta tendrá un impacto significativo en la inversión privada, ya que implica un cambio sustancial en el modelo regulatorio que ha acompañado el desarrollo económico del Perú en los últimos 30 años. Señalan que la centralización podría afectar la eficiencia y efectividad en la supervisión y regulación de los distintos sectores, lo que eventualmente podría perjudicar a los usuarios de servicios públicos.

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