Andrea Pereyra

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció este miércoles 22 de enero sobre la denuncia constitucional presentada por la congresista Ruth Luque, quien acusa a él, a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, de haber observado la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, justo un día antes de que venciera el plazo para su promulgación.

En conferencia de prensa, Adrianzén calificó la denuncia como “inverosímil” y aseguró que la decisión de observar la norma se tomó en estricto cumplimiento de las funciones establecidas por la ley.

“El cumplimiento de funciones establecidas en la ley y, sobre todo, dentro de los cánones establecidos por la ley, no tiene por qué ser generador de ningún tipo de responsabilidad ni administrativa ni funcional, ni mucho menos una pretendida responsabilidad que derive de una infracción constitucional”, comentó el primer ministro, al rechazar las acusaciones de la congresista.

Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático Popular, sostuvo que la observación de la ley, realizada el 13 de enero, un día antes de su vencimiento, con base en diversos informes del Ministerio del Interior, constituyó un “abuso del ejercicio del poder”.

La legisladora argumentó que, al observar la ley, el Ejecutivo habría favorecido directamente a Fredy Hinojosa, vocero presidencial, y a Nicanor Boluarte, al evitar la detención preliminar.

“¿Quién se ha beneficiado de manera directa por la derogación de la detención preliminar? Ha sido el señor Fredy Hinojosa, vocero presidencial. La pregunta es por qué el Gobierno no observó cuando se derogó esta figura jurídica, y por qué cuando le corresponde restituirla, un día antes la observa bajo argumentos con dos informes del Ministerio del Interior”, expresó Luque, asegurando que esta acción vulneraba el principio básico de servicio a la Nación.

Por su parte, Adrianzén defendió la decisión del Ejecutivo y aseguró que la observación se enmarcó en el respeto a la Constitución. En cuanto a la denuncia, el primer ministro no dudó en señalar que la misma será archivada liminalmente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, debido a su falta de fundamento.

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Aseguró que la decisión de observar la norma se tomó en estricto cumplimiento de las funciones establecidas por la ley.