Luego de conocerse que la empresa Graña y Montero (GyM), socia de la cuestionada empresa brasileña Odebrecht, tiene la intención de recuperar $220 millones (95%) de su inversión en el Gasoducto Sur Peruano (GSP), legisladores de diferentes bancadas cuestionaron esa intención y recordaron que GyM participó en el GSP con conocimiento de las coimas que ya daban las empresas cariocas en su país.

Mientras que en Brasil se develaban las coimas que entregaron las empresas de ese país a funcionarios de Perú, durante la gestión de Ollanta Humala (2014), se firmaba el contrato con la corrupta empresa Odebrecht para que realice la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

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La cronología de los hechos fue así. El ministro de Energía y Minas (MEM), Eleodoro Mayorga, anunció el 23 de julio del 2014 con bombos y platillos el “inicio de la era del gas en el sur” al anunciar la adjudicación de la obra.

El proyecto del GSP no solo era un proyecto ganado por Odebrecht sino también por la española Enagás. En ese entonces, Graña y Montero no formaba parte de ese consorcio.

Entre tanto, las investigaciones en Brasil seguían avanzando y el tema de las coimas a funcionarios peruanos ya era conocido por las autoridades de ese país.

En el 2015, precisamente el 19 junio, Marcelo Odebrecht era detenido junto a otros funcionarios de su empresa.

Fue un escándalo mundial. No obstante, la empresa peruana GyM, el 10 de agosto del 2015, suscribía un memorándum de entendimiento con Odebrecht para adquirir el 20% del capital social de la empresa GSP.

Luego, el 29 de setiembre del mismo año, GyM anunciaba la inversión de $215 millones para ser socia del proyecto.

“¿Es normal que una empresa se arriesgue a invertir todo ese capital? ¿A seguir acciones de una empresa que venía siendo investigada y cuyo máximo representante estaba ya en la cárcel?”, cuestionó al respecto el fujimorista Héctor Becerril.

Desde el punto de vista de Becerril, la empresa GyM no habría gastado su dinero para una inversión tan riesgosa.

“Ambas empresas han participado en varias obras y concesiones. Graña y Montero acude a realizar una operación ficticia y simulada. Supuestamente, compra ese 20% y ahora sale a pedir el 95% de su inversión (...) Está jugando un papel en favor de Odebrecht y en contra del Estado. Es su testaferro”, manifestó.

En esa línea, exhortó a Graña y Montero a que diga de dónde sacó el dinero para formar parte del proyecto GSP.

“Eso se puede averiguar y eso lo tiene que hacer el fiscal, que demuestre de dónde sacó Graña y Montero ese dinero para esa inversión. Que revise sus cuentas financieras”, indicó.

El legislador dijo que si el Estado hubiese abierto una investigación a GyM, la empresa ya no podría pedir ese 95% de dinero invertido, ya que la ley lo impide.

“El Ejecutivo es muy blando (...) Ojalá que no le tiemblen las piernas a PPK y resuelva las concesiones que actualmente tiene Odebrecht junto a Graña y Montero”, destacó.

Por su parte, su colega de bancada Karina Beteta declaró que la empresa Graña y Montero no tiene, en estos momentos, los argumentos legales para que pueda exigir al Estado su inversión.

“Junto a Odebrecht son responsables y cómplices de los daños del país. Han generado inestabilidad jurídica, política, económica por su corrupción”, indicó.

Aseguró que sería “un escándalo” que Graña y Montero gane un proceso al Estado.

CONOCÍA A SU SOCIO. Al respecto, el vocero de la bancada oficialista, Carlos Bruce, indicó que GyM es una empresa que conocía con quién realizaba negocio.

“Muchos creemos que Graña y Montero debió saber con quién se asociaba (...) Es importante que la Fiscalía pueda actuar con las pruebas para tener certezas de que participó en irregularidades y aplicarle la cláusula anticorrupción”, sostuvo.

En esa línea, Bruce dijo que es seguro de que en alguna de las obras entre Odebrecht y Graña y Montero hayan habido actos de corrupción.

“Graña y Montero dice que desconocía y que por lo tanto los costos de esos pagos los ha asumido Odebrecht, eso es algo difícil de creer. Es poco creíble que Graña y Montero no supiera de esto”, destacó.

En esa línea, dijo que se debe buscar de qué “manera la empresa peruana puede hacer la reparación correspondiente” y, sobre todo, “conseguir las pruebas para acusarla”.

DEMANDA ACCIONES. Por su parte, el legislador del Frente Amplio Jorge Castro, integrante de la comisión “Lava Jato”, indicó que el Ministerio Público debería tomar acciones concretas contra Graña y Montero.

“Han cedido a una serie de ventajas. Vienen investigando desde el 2015 y no hay nada concreto, eso llama poderosamente la atención”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que el Fiscal de la Nación no ha movido un dedo para enfrentarse al poder de la empresa peruana y que ha sido muy permisiva en su función.

“Los congresistas vamos a marcar una pauta de control político. No podemos estar confiando en una sola persona”, indicó.

Además, pidió al Ministerio Público ser más decidido. “No tiene justificación que no hayan tomado acciones como embargar bienes, cuentas bancarias, entre otros. Encima no quieren que se conozca el acuerdo al que llegaron con Odebrecht”, enfatizó.

CIFRA

2011 El proyecto del Metro de Lima (tramo 1) tenía una inversión inicial de $583 mlls., pero terminó en $885 mlls.

GyM:

“No estamos inhabilitados para nueva licitación en el GSP”

A pesar de que formó parte del consorcio del Gasoducto Sur Peruano junto a Odebrecht, la empresa peruana Graña y Montero (GyM) señaló ayer que no está inhabilitada para participar en la nueva licitación para brindar gas a las provincias del sur. Cabe recordar que el Gobierno anunció una nueva licitación del Gasoducto en un plazo máximo de 12 meses.

Luego de conoc