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Las protestas en Islay siguen captando la atención del país. Y es que ayer se conoció un audio que involucraría a un sector del  de Mollendo en supuestas coimas para evitar el encarcelamiento del cuestionado dirigente antiminero .

En el material, difundido por Willax TV, se escucha al sentenciado dirigente sostener que pagó un dinero a la jueza de la Corte Superior de Mollendo, Janet Lastra Ramírez, para que no le revoque el mandato de prisión suspendida en su contra por el de cárcel efectiva.

“Pasado mañana yo tengo una audiencia donde han pedido el cambio de (pena) suspendida por efectiva. ¿Correcto? Yo sé que voy a ganar porque tengo todos los elementos; hablé con la jueza, yo he cumplido, tengo un depósito hecho a cuenta”, comenta Pepe Julio Gutiérrez a su interlocutor.

De acuerdo con el programa Mira quién habla, de la periodista Cecilia Valenzuela, Pepe Julio Gutiérrez, el dirigente de Tierra y Libertad en el valle de Tambo, habla con el abogado Jesús Gómez Urquizo, a quien la  contrató como intermediario.

NO SOLO ESO. El dirigente, tristemente célebre por llamar “lentejas” a los montos de dinero que solicitaba, vuelve a amenazar a la empresa minera si es que no le pagan lo que pide.

“Si yo busco, por ejemplo, que se solucione este asunto (el paro), el primero, el segundo, así como estamos conversando, y se logra solucionar, después no me van a decir no hay dinero, porque ahí sí, ¡puta, les incendio Troya!”, expresa ofuscado a su interlocutor.

En otro momento, el dirigente advierte sin el menor remordimiento: “(me pagan) En una sola. ¡Tun! Así, si no, yo no firmo nada de nada”. En tanto, el abogado que conversa con él responde: “Yo le he dicho medio millón de dólares por persona”.

Los polémicos audios probarían que Pepe Julio Gutiérrez pidió dinero a la empresa mexicana para él y cada uno de sus cómplices, Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, a cambio de detener la violenta protesta en Islay.

Cabe precisar que el resto de audios difundidos hasta hoy son auténticos, según los informes de los peritos de la Policía Nacional.

El audio, de 40 minutos de duración, fue grabado por el abogado ambientalista durante la conversación que sostuvo con el dirigente antiminero en la casa de su madre en Arequipa.

SEVERIDAD. El escándalo llegó hasta el Ejecutivo, pues el jefe del Consejo de Ministros, , pidió al Ministerio Público actuar de oficio frente a la denuncia contra la jueza Janet Lastra por presuntamente estar implicada en un caso de corrupción relacionado con Pepe Julio Gutiérrez.

“Este es un caso de suma gravedad, porque no solamente vemos que en los hechos ocurridos en Islay ha habido corrupción a nivel del liderazgo de la protesta, sino que existirían hechos delictivos que vincularían al Poder Judicial”, precisó.

Pedro Cateriano lamentó que Lastra, jueza de Mollendo, esté involucrada en presuntos pagos ilegales de parte del dirigente minero Pepe Julio Gutiérrez para evitar que se cambie su mandato de prisión suspendida por el de cárcel efectiva.

Cabe precisar que el pasado lunes la mencionada magistrada declaró improcedente un pedido para que Pepe Julio Gutiérrez y otros dirigentes antimineros recibieran cuatro años de prisión efectiva por bloqueo de carreteras y actos violentos durante las protestas en Arequipa.

Para el titular del gabinete, es importante que el Poder Judicial aclare lo antes posible la situación de la magistrada Lastra.

“Un Estado de Derecho se caracteriza por el cumplimiento de la ley, y en este sentido el Poder Judicial tiene una responsabilidad, más aún cuando existe información certera de que la jueza que habría participado en este caso vinculado a Pepe Julio Gutiérrez habría recibido pagos ilegales”, afirmó.

Asimismo, dijo esperar que el  (CNM) y el Poder Judicial actúen con firmeza frente a dicha denuncia.

“Si se encuentra responsable a esta jueza de haber recibido dinero en forma ilegal, que caiga sobre ella todo el peso de la ley, porque no podemos aceptar situaciones como esta”, señaló Pedro Cateriano en declaraciones a la prensa luego de culminar una sesión del Consejo de Ministros.

“No encontramos una explicación lógica a la actuación de esta magistrada y hemos visto con estupor la manera como se desarrollan hechos de esta clase en el Poder Judicial”, agregó.

Finalmente, instó a la Fiscalía y al Poder Judicial a contribuir con judicializar los casos de las personas que incitaron a la violencia y provocaron daños en Islay.

“Quiero reiterar la exhortación que hemos hecho al Ministerio Público y al Poder Judicial para que todas aquellas personas que utilizaron la violencia, bloquearon carreteras, hirieron gente y ocasionaron daños materiales respondan penalmente ante la justicia”, agregó.

MÁS MEDIDAS. De otro lado, en una decisión polémica, el juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Jaime Coaguila Valdivia, declaró “inadmisible” el pedido de levantamiento de las comunicaciones e “improcedente” el pedido de impedimento de salida del país en contra del dirigente Pepe Julio Gutiérrez.

Como se sabe, el antiminero fue denunciado por el delito de extorsión y asociación ilícita por parte de la Fiscalía de Crimen Organizado.

Junto a él también han sido incluidos los comuneros Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, para quienes tampoco se aceptó el pedido fiscal de impedimento de salida del país.

El argumento esgrimido por el magistrado Jaime Coaguila Valdivia es que no procede el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Pepe Julio Gutiérrez porque existe una incongruencia en el acta de incautación del teléfono personal del antiminero y el pedido realizado por la Fiscalía

En tanto, el impedimento de salida del país fue denegado porque no se precisaron los roles que habrían cumplido todos los denunciados en los presuntos delitos.

Al respecto, el procurador del Ministerio del Interior, Juan Portocarrero, recordó que tras el pedido de detención preliminar por 24 horas se dio una ampliación de siete días que se vence mañana.

Ese día, la Fiscalía deberá sustentar el pedido de prisión preventiva, por lo que alertó que Pepe Julio Gutiérrez podría salir libre sin ningún problema.

“Se había pedido el impedimento de salida del país como una medida asegurativa, pero el juez de investigación preparatoria es el que lo ha desestimado. Esto genera suspicacia”, comentó Portocarrero.