El último jueves por la mañana, el Equipo Especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato, liderado por el fiscal Hamilton Castro, dispuso el allanamiento de los inmuebles de la exalcaldesa Susana Villarán y de José Miguel Castro, su mano derecha durante su gestión en la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

No obstante, por la tarde el Ministerio Público también informó que se realizó una diligencia similar en la casa de playa de la familia Villarán de la Puente, ubicada en el distrito de Lurín, exactamente en la calle Islas Ballestas, manzana a-27, Lote 3, altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur. 

“Esa obra desconoce los parámetros urbanísticos, invade el espacio público, no tiene licencia para la construcción de los dos últimos pisos. Es una construcción ilegal”, se escucha en el informe.

Hasta el año pasado el predio que les pertenece a Gonzalo, Josefina, Álvaro y Rosa María Villarán de la Puente no pudo ser inscrito en los Registros Públicos por no tener conformidad de obra por haber violado las normas municipales. 

El inmueble en cuestión fue adquirido, en el 2009, por los hermanos de la exalcaldesa por la suma de 15 mil dólares. En ese entonces, el predio solo se trataba de una casona de un piso con azotea.

Ahora, esa propiedad consta de un edificio de cinco pisos con una piscina con vista al mar incluida. “Solo hay una propiedad inscrita, no hay una declaratoria de fábrica. No están inscritos o declarados los cinco pisos que se visualizan”, dijo un funcionario de la Municipalidad de Lurín. 

Además, se dio a conocer de que a pesar de que los hermanos de la exburgomaestre de la Municipalidad de Lima construyeron dos pisos más de lo que les estaba permitido, también alquilaban esos departamentos. 

“Se está produciendo una evasión porque al no tener saneada la propiedad, pero al ocuparla, o sea estar usufructuando con ella, a partir de allí el propietario tiene la obligación de pagar tributos (predial y arbitrios). Pero si la propiedad no está regularizada, si no está inscrita ni en la municipalidad ni en Registros Públicos, en la práctica es una evasión de tributos”, explicó Martín D'Azevedo, experto en derecho municipal. 

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