Unos días antes del domingo 12 de abril, Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), consideró que el proceso electoral que viviría el Perú “sería el más difícil de la historia”.

Todo indica que el entonces titular del organismo electoral no tomó en cuenta su advertencia, pero tampoco lo hizo con las cuatro alertas que hicieron otras entidades antes y durante la jornada, acerca de los inconvenientes que podrían surgir.

LOS PRIMEROS

El 10 de marzo, un informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alertó sobre los riesgos de ciberseguridad en el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) de la ONPE, la herramienta que permitiría agilizar el llenado de las actas electorales.

El informe advirtió que el USB-STAE, dispositivo indispensable para la instalación de mesas de votación y escrutinio, podía ser clonado y utilizado para acceder al sistema sin ningún tipo de restricción.

Por otro lado, el día de las elecciones, Bernardo Pachas, en su calidad de gerente general de la ONPE, recibió un oficio del JNE, en el que se le advirtió que el material electoral no había llegado a locales de votación de los distritos Magdalena del Mar, Surco, Villa María del Triunfo, Miraflores, Surquillo, San Miguel y Villa El Salvador.

EN PARALELO

Otra institución que advirtió a la ONPE sobre los inconveniente que podrían surgir, fue la Contraloría General de la República.

El 24 de marzo emitió una alerta luego de detectar deficiencias críticas en el programa logístico de la ONPE.

El organismo de control advirtió que el plan de distribución de material electoral presentaba vulnerabilidades operativas de cara a los comicios del 12 de abril del 2026.

Las deficiencias se centraron en las condiciones de los conductores y en el cumplimiento de los términos referencias del contrato.

La entidad fiscalizadora otorgó un plazo de dos días para que la institución electoral subsanara las necesidades consideradas de urgencia. Sin embargo, se constató que las observaciones no fueron levantadas en su totalidad.

Unos días antes de las elecciones, la Contraloría le comunicó a la ONPE que existían demoras con Servicios Generales Galaga, empresa contratada para la distribución de material electoral.

El organismo fiscalizador le informó al ente electoral que había retrasos con la empresa, porque no tenían los vehículos necesarios para trasladar el material.

Sobre Galaga se debe mencionar que unos días antes del 12 de abril, hizo una convocatoria en Linkedln para contratar 400 unidades tipo furgón, porque no tenía los vehículos suficientes para la distribución.