El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó la liberación de Hugo Chávez Arévalo, exgerente general de Petro-Perú, quien venía cumpliendo 24 meses de prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro.

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El Juzgado declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus presentada por Chávez Arévalo contra el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, y contra la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima.

Aunque dicho juzgado rechazó una supuesta vulneración del derecho de defensa, declaró fundada la “vulneración de sus derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y legitimidad de la prueba”.

Por ello, declaró nulas las resoluciones emitidas por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, y la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima, que declararon y confirmaron la prisión preventiva.

Asimismo, dispuso la “inmediata libertad” de Hugo Chávez Arévalo, tomando en consideración las reglas de la comparecencia con restricciones con el fin de asegurar su presencia en el desarrollo de la investigación penal.

Cabe recordar que, el exfuncionario del gobierno del expresidente Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

La Fiscalía sindicó a Chávez Arévalo por el delito de colusión agravada al presuntamente haber favorecido a Heaven Petroleum Operators S.A., cuyo dueño es Samir Abudayeh, quien también venía siendo investigado por el mismo delito, pero como cómplice.

De acuerdo con la tesis fiscal a nivel preliminar, el 18 de octubre de 2021, Karelim López, Samir Abudayeh y funcionarios de Petro-Perú tuvieron una reunión para que la compañía de Abudayeh sea ganadora del proceso de licitación del combustible diésel.

En agosto del 2022 el programa “Panorama” reveló que Hugo Chávez Arévalo habría ordenado desaparecer los cuadernos del registro de visitas de su institución, con el objetivo de obstaculizar las investigaciones del Ministerio Público.