La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, presentó una propuesta legislativa que busca cobrar un impuesto adicional de 1% a los ciudadanos con un patrimonio mayor a 3.500 UIT, mientras que, a los que superen las 4.500 UIT, les corresponderá pagar el 2%.

Asimismo, quienes tengan un patrimonio que exceda las 5.500 UIT deberán entregar el 2,8%.

Según la iniciativa, parte de la necesidad del Estado de recaudar ingresos para acortar brechas sociales. Adicionalmente, se menciona que las personas que pagarían este impuesto deberán contar con una residencia continua en el país de 6 meses o de manera discontinua superior a 12 meses, ya sean peruanos o extranjeros.

¿QUÉ OPINAS LOS ESPECIALISTAS?

Al respecto, Rodrigo Flores Benavides, socio del área tributaria de Hernández & Cía, señaló que la iniciativa no lograría su objetivo de aumentar la recaudación; por el contrario, solo incrementaría los niveles de litigiosidad.

“El proyecto recurre a la vieja fórmula de cobrar más impuestos a los más ricos que se encuentran en la formalidad. En suma, es un proyecto notoriamente populista y  anti-técnico. Simplemente se afirma que se cobra este impuesto porque el Estado necesita más recursos para cerrar brechas sociales”, subrayó Flores Benavides.

Asimismo, el socio de Hernandez & Cía. señaló que la fórmula propuesta en el proyecto de ley no garantizaría resultados positivos ni fomentaría la formalización de la economía. Por el contrario, generaría altos costos de aplicación.

Es importante mencionar que el proyecto busca que el impuesto también sea aplicable en las personas que tengan riquezas almacenadas en Perú, por lo que las autoridades evaluarían sus recursos, tales como bienes, inmuebles, entre otros. Sin embargo, el especialista precisó que en el documento no se detalla cómo se realizará la evaluación del valor del patrimonio.

Flores Benavides también advirtió que en el proyecto se utilizan conceptos ambiguos, como cuando se refieren a fortunas “ubicadas” en el Perú o a gravar al “poseedor” del patrimonio.

Cabe mencionar que el impuesto aplicaría a personas “domiciliadas”, pero que, al mismo tiempo, tengan “residencia” continua o discontinua en el país.  Esto, a decir del abogado, generaría confusión, ya que crearía un nuevo concepto legal, que es “residencia”, el cual puede contradecirse con los existentes, como el concepto de “domicilio”.

Por su parte, el economista Jorge Guillén, profesor de ESAN Graduate School of Business, sostuvo que la iniciativa legislativa es una medida que trata de buscar la equidad en materia tributaria.

“Se parece un poco a la propuesta de Piketty por resolver la desigualdad que surge en materia tributaria.  Aunque no incentivaría el incremento de los ingresos. Es una propuesta que no queda clara en su viabilización, no se sabe sobre qué activos se estima el monto y queda a discrecionalidad el umbral de elección de tasas mayores”, señaló.

A su turno, Alejandra Morante, gerente senior de de EY Private, señaló que el proyecto de ley no sería una buena medida, ya que no se han regulado aspectos fundamentales como la metodología de valorización de los bienes, deducciones permitidas y otros que podrían determinar la confiscatoriedad del impuesto propuesto y, por tanto, su inconstitucionalidad.

“La recaudación podría incrementarse temporalmente. Sin embargo, se deberían tener en cuenta efectos más relevantes a largo plazo, como el impacto en la inversión y la fuga de capitales que a su vez tendrían implicancias en la recaudación de otros impuestos, como el impuesto a la renta”, destacó.

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