Tras su presentación, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha generado una serie de críticas por abogados y políticos, quienes cuestionaron la injerencia mostrada por el organismo respecto a temas relacionados a la normativa interna y el papel que cumplen los poderes del Estado.

También se ha criticado el poco desarrollo dado por la entidad al registro de miembros de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas que resultaron heridos o, incluso fallecieron, durante las manifestaciones al interior del país, así como su falta de rechazo expresa a los ataques que sufrieron los activos críticos del país en las movilizaciones.

Entre las ocho intromisiones identificadas en el informe de la CIDH figura la toma de medidas necesarias para que las armas de fuego estén excluidas para el control de protestas sociales; la necesidad de que los poderes del Estado de limitar figuras como la acusación constitucional; la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente; así como lo contemplado en el caso de la disolución unilateral del Congreso.

También recomienda al Estado abstenerse de “adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten” la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial, entre otros puntos. (Ver infografía).

Asimismo, en cuando a omisiones, en el citado informe no se analiza hechos de similar magnitud (en cuanto a movilizaciones) como aquellos reportados en los últimos tres gobiernos, ni se realiza una crítica contundente a los actos vandálicos reportados en el marco de las movilizaciones, como el intento de toma de aeropuertos, quema de peajes, sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial, ataques a comisarías; así como asaltos a locales comerciales y empresas.

Tampoco se cuestiona el uso de material pirotécnico por parte de los manifestantes para arremeter contra los agentes del orden, quienes resultaron heridos o incluso fallecieron en el marco de las movilizaciones. El caso más emblemático es del policía José Luis Soncco, cuyo cuerpo carbonizado fue hallado junto a su unidad de patrullaje tras haber sido presuntamente rodeado y atacado por una turba.

En el documento tampoco se alude a la muerte de seis soldados que fallecieron ahogados al intentar cruzar el río Ilave, en Puno, al intentar escapar de una turba.

MIRADA. Por su parte, el representante permanente del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, cuestionó que la CIDH se refiriera como “ruptura constitucional” al golpe de Estado que impulsó el expresidente Pedro Castillo.

“Hubiéramos preferido que se llamen a las cosas como son y no utilizar un pleonasmo como lo que ha recurrido la comisión, debieron utilizar un lenguaje adecuado como el golpe de Estado y no esta suerte de edulcoración que han utilizado en una frase”, indicó en diálogo con RPP.

El también exministro de Justicia dijo que, si bien lo señalado “no es un tema menor”, el organismo reconoce la denominación empleada en el Perú para aludir a los hechos ocurridos el 7 de diciembre del 2022.

Indicó que el organismo afirma que se registraron hechos violentos, que condujeron al bloqueo de carreteras y el fallecimiento de ciudadanos que no llegaron a hospitales para recibir atención oportuna.

En TV Perú, Adrianzén afirmó que existen que resultan “impertinentes” en el informe de la CIDH, entre ellas, las referidas a las “ejecuciones extrajudiciales” y “masacre”.

“Hemos conseguido el condicional porque no pueden afirmar (eso) ellos porque no realizan una investigación completa. Y, en segundo lugar, que reconozcan que las autoridades nacionales competentes como el Ministerio Público y el Poder Judicial deben realizar investigaciones que permitan determinar la responsabilidad de los autores”, resaltó.

Finalmente, recalcó que el informe contempla recomendaciones y no obligaciones “porque no es una sentencia”. “Entonces, el Estado peruano actuando de buena fe, pondrá toda su disposición para implementar algunas recomendaciones”, refirió.

En tanto, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, recalcó -en RPP- que serán las autoridades judiciales las que determinen responsabilidades individuales tras la investigación de las muertes durante las protestas. También rechazó una eventual injerencia de la CIDH en la institucionalidad democrática.

“Es un informe muy interesante, pero también un poco extraño. En algunas consideraciones hace referencias al modelo económico extractivista que, según ellos, en el Perú no ha contribuido a reducir la desigualdad. Son falacias que olvidan la intensa relación del Perú con la minería responsableDocumento, elaborado a raíz de las protestas, señala la necesidad de que los poderes del Estado delimiten figuras constitucionales y se abstenga de adoptar reformas que debiliten la autonomía del sistema electoral. Y no rechaza la realización de actos vandálicos y ataques a puntos estratégicos, ni desarrolla la afectación generada a los agentes del orden”, precisó.

Otárola sostuvo que los mandatos, sugerencias o recomendaciones dirigidas al Estado peruano, “se tendrán que hacer conforme lo dice el Pacto de San José, de acuerdo y de consulto con nuestra propia legislación interna”.

“Podemos recibir un informe muy interesante, con algunas recomendaciones, con varias críticas, pero lo que no se puede aceptar ciertamente es que se pretenda realizar una práctica injerencista en las atribuciones constitucionales de los organismos constitucionalmente autónomos del Perú”, enfatizó.

Por otro lado, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Perú, Stuardo Ralón, precisó que el informe que dicha entidad emitió sobre las protestas en el país no establece figuras de carácter penal. “De lo que habla es de lo que podría haber ocurrido y que debe investigarse (...) Pero no establecemos una investigaciones de carácter penal o criminológica para saber qué ocurrió”, indicó a RPP.

El diplomático sostuvo que le corresponde a las fiscalías especializadas en derechos humanos llevar a cabo las pesquisas por las muertes registradas en el marco de las protestas.