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Pese a que los congresistas nacionalistas advierten que la investigación fiscal a la primera dama  por lavado de activos es “inconstitucional”, siguen saliendo a la luz más elementos que han servido de base para poner en marcha dicha indagación preliminar.

Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la actual presidenta del Partido Nacionalista (PN) nunca justificó el monto correspondiente a sus ingresos entre los años 2006 y 2009, equivalente a $215 mil. En el documento se destaca que Nadine Heredia tuvo la intención de ocultar la real procedencia de los “aportes” a la campaña electoral de 2006, lo cual resultó “sospechoso”, incluso para el Banco de Crédito (BCP), donde tenía sus cuentas.

MODALIDAD. El portal web Ojo Público reveló que uno de los fundamentos de la Fiscalía para abrir investigación fue que los $215 mil fueron el resultado de una serie de depósitos hechos por sus parientes, entre ellos su madre, Antonia Alarcón de Heredia, y su hermano Ilan Heredia Alarcón.

Estas operaciones, cabe indicar, no pasaban de los $4 mil, lo cual fue advertido por los radares de la UIF.

Una primera conclusión de la UIF fue que la modalidad con la que se ha operado consiste en recibir depósitos estructurados. En otras palabras, “importes de menor cuantía menores a los $10 mil que son efectuados el mismo día con el supuesto fin de evitar los controles establecidos (del banco)”.

La UIF, por si fuera poco, determinó en su reporte que los aportantes “no tenían condiciones económicas suficientes para solventar dichos gastos (...) algunas de ellas ni siquiera poseen RUC”.

Esto propició una investigación en 2009 a nivel del Ministerio Público contra Nadine Heredia, pero fue archivada por “falta de pruebas”.

¿ARGUCIAS?

Asimismo, Ojo Público develó una serie de contratos que Nadine Heredia habría confeccionado para justificar dichos ingresos.

Para sustentar los $215 mil, el año 2007 Nadine Heredia entregó al BCP tres “contratos de trabajo” que, a ojos de la entidad bancaria, le garantizaban ingresos para la obtención de un crédito hipotecario para la compra de su casa, ubicada en Surco.

El primer contrato era nada menos que el que cerró con el prófugo amigo de la pareja presidencial , en el que se determinaba que este le haría un depósito por $90 mil hasta el 2010 por una “asesoría en comunicación” a la empresa Centros Capilares.

Asimismo, proporcionó a la entidad bancaria un contrato con Arturo Belaunde Guzmán, padre de Belaunde Lossio, quien desembolsaría $51,840 durante el año 2007.

El último contrato tenía que ver con un acuerdo celebrado con el diario venezolano “The Daily Journal”. Su representante, Julio López, se comprometía a pagar, según el documento presentado por Heredia, $4 mil al mes durante un año por la entrega de columnas de opinión que analicen la situación política del Perú.

Todo se complicó para Nadine Heredia cuando el BCP realizó una revisión de rutina a sus cuentas y descubrió que nunca recibió los pagos que acreditó en dichos convenios. Para la UIF se trató de un caso más de contratos fantasmas utilizados para despistar.

AUTONOMÍA. El fiscal de la Nación, , reafirmó ayer la autonomía de su institución y dejó en claro que su despacho es independiente y que no permitirá la menor injerencia en la investigación que se sigue a la Primera Dama.

“La instrucción, desde el comienzo, es que se trabaje con objetividad, con apego a la ley y a la Constitución. Y en los casos que ya se están ventilando, se actuará con celeridad. No aceptaremos injerencias ni presiones de ningún tipo, ni de ninguna persona. Nuestras investigaciones son objetivas”, aseguró Sánchez.

“Es una denuncia que merece una calificación, y en el caso específico, el fiscal ha abierto investigación preliminar para ver si lo que se dice es cierto”, agregó.

Como se recuerda, el último domingo  reveló en exclusiva que los hermanos Heredia Alarcón vienen siendo investigados por la presunta comisión de blanqueo de capitales producto del dinero que recibieron en la campaña del 2006.