El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo concluyó, en un informe, que tanto el presidente en funciones del Congreso Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), como su oficial mayor Giovanni Forno tendrían una cuota de responsabilidad en el uso de equipos del Legislativo en una actividad proselitista fujimorista. Por ello, les atribuyó una presunta infracción a la neutralidad electoral.

CONCLUSIONES

El informe de fiscalización, elaborado por la funcionaria Luz María Chiroque Cruz, sostiene que la renuncia de Daniel Luza, el trabajador parlamentario que utilizó una cámara de video del Congreso para la cobertura de un mitin de la lideresa “naranja”, Keiko Fujimori, no lo exime de responsabilidad penal.

Esta situación, agrega el documento, tampoco extingue una posible infracción administrativa o penal contra Rospigliosi y Forno.

“(El presidente del Parlamento tiene el) deber inexcusable de garantizar que los bienes públicos bajo su custodia sean utilizados exclusivamente para los fines propios de la función legislativa”, reza el informe.

Respecto al oficial mayor, en tanto, se asegura que es el “responsable directo” de cautelar los bienes del Primer Poder de Estado.

REPERCUSIONES

Luego del escándalo, la congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú-Bloque Democrático-Voces del Pueblo) presentó una moción de censura contra Rospigliosi. El documento lleva la firma de sus colegas Sigrid Bazán, Susel Paredes y Carlos Zeballos, pero se buscan más adhesiones.

Uno de los primeros puntos de la moción recuerda que, antes de la vacancia de la entonces presidenta Dina Boluarte, Fuerza Popular se comprometió a no presidir la Mesa Directiva, promesa que incumplió.

“(El) presidente interino del Congreso pretende no asumir responsabilidades políticas y limpiarse las manos con la supuesta ‘renuncia’ de un trabajador”, advirtió Luque.