La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) le ordenó al Estado peruano que adopte, de forma inmediata, todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad de Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como a su núcleo familiar.

El organismo internacional pidió que se mantengan los esquemas de seguridad y protección de Arenas y su familia, además que estos se “refuercen”, esto luego de que la autoridad electoral denunciara ser víctima de actos de hostigamientos y amenazas verbales.

DEMASIADO

Sin embargo, para el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular), el máximo representante del JNE ya goza en “demasía” de esa protección en su condición de alto funcionario.

“Hasta donde tenemos conocimiento, cuenta con 17 efectivos policiales armados, camioneta, moto policial, más patrullaje a pie y motorizado en su domicilio”, indicó.

Durante la sustentación de su proyecto para denunciar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el legislador consideró que Salas Arenas no puede exigir mayores condiciones.

“Este magistrado no hace más que victimizarse y aferrarse al cargo”, señaló.

Por su parte, fuentes del JNE indicaron a Correo que al titular del organismo electoral tiene asignado 18 policías, incluido una escolta. Sin embargo, estas cubren diferentes turnos, porque ninguno trabaja las 24 horas del día y los siete días de la semana.

“No es que tenga a los 17 policías juntos, cuidándolo. Los 17 se dividen en grupos que lo acompañan y resguardan su vivienda. No dista mucho de la protección de ministros”, precisaron.

Desde la institución, agregaron que recurrieron ante instancias internacionales debido al acoso constante y a las amenazas que recibe.