El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) han iniciado acciones contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por la presunta ineficiencia de la entidad durante el desarrollo de la primera vuelta electoral del último domingo.

Reacción

Mediante su procurador público, Ronald Angulo, el JNE presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra Corvetto y los funcionarios Ricardo Saavedra, gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional; Edward Alarcón, gerente de Administración; y José Samame, saliente gerente de Gestión Electoral.

Juan Alvarado Pfuyo, representante legal de la empresa Galaga S.A.C., también fue incluido en la acusación

El procurador del JNE sostiene que son responsables de los presuntos delitos contra el derecho al sufragio, así como por omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

​Según la acusación, presentada en la Octava Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, “existió una omisión en la fiscalización de la idoneidad logística” de dicha empresa. Añade que la falta de material electoral “no fue un hecho aislado, sino una parálisis en varios sectores de Lima Metropolitana”.

Asimismo, resalta que la ONPE les presentó una herramienta tecnológica denominada Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) como garantía de celeridad y seguridad del proceso; sin embargo, en la práctica, su implementación careció de los controles necesarios para soportar la carga transaccional.

“Esta negligencia técnica no constituye un error administrativo fortuito, sino una quiebra del deber de diligencia en la gestión de plataformas tecnológicas, cuya estabilidad debió ser garantizada mediante pruebas de estrés y protocolos de redundancia que el denunciado omitió implementar o supervisar de manera eficaz”, reza la denuncia.

Abren pesquisa

Por su parte, el Pleno de la JNJ aprobó iniciar una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE tras la restricción del derecho al voto de más de 50 mil peruanos y la demora en abrir algunos centros de votación.

Asimismo, se dispuso solicitar, a la Dirección de Evaluación y Ratificación, un informe detallado sobre su proceso de ratificación, el cual “permitirá contar con mayores elementos de análisis en el ejercicio de las competencias constitucionales de la Junta Nacional de Justicia”.

“La institución precisa que estas acciones se realizan en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, garantizando el debido proceso y el respeto de los derechos de las personas involucradas”, informó la JNJ en la red social X.

El procedimiento contempla que el pleno evalúe el caso y, de aprobarse la investigación preliminar, se encargue a un magistrado la etapa de instrucción. Este reunirá pruebas y determinará si existen responsabilidades.

De ser así, propondrá la sanción y el Pleno decidirá la medida final, que podría llegar hasta la destitución.