La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tardó un año para avisarle a la Procuraduría que tomó la decisión de cerrar la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra en el caso Chinchero, hecho que podría conllevar, incluso, a su inhabilitación en el cargo.

Para entendidos en el tema, la demora en la notificación amerita que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inicie una investigación contra la máxima titular del Ministerio Público.

DE NO CREER

La demora de un año en la notificación del cierre de la investigación fue calificada por el exfiscal de la Nación, José Peláez, como “inconcebible”.

“Eso nunca ha sucedido, se envían en un máximo de 15 días. Es una cosa de los más inaudita y nunca ha acontecido”, refirió.

En diálogo con Correo, el abogado consideró que los responsables deben recibir una sanción drástica: “Es una irregularidad que merece la inmediata investigación en la JNJ”.

En ese sentido, precisó que la JNJ podría actuar de inmediato luego de conocerse los hechos o, en caso contrario, la Procuraduría podría dirigir un oficio dando cuenta de la demora.

En la misma línea, el abogado penalista Andy Carrión, consideró que “estas irregularidades deben ser informadas a la JNJ” a fin de que tomes acciones dentro de sus competencias.

“Para que puedan hacer un llamado de atención, una multa, la suspensión e incluso la inhabilitación si es que es muy grave”, señaló.

Sin embargo, el especialista precisó que en la investigación se podría determinar que la omisión en la notificación vino de parte de funcionarios de un menor rango al de la fiscal de la Nación.

Por otro lado, ambos coincidieron en que la Fiscalía de la Nación está en la obligación de notificar a las partes agraviadas, en este caso, una de ellas era la Procuraduría, esto a fin de que interpongan los recursos que consideren pertinentes en el caso.

“Al ser notificada a tiempo, la Procuraduría puede hacer uso de sus facultades para impugnar”, agregó Carrión.

Al respecto, la Fiscalía de la Nación informó a Correo que el caso fue archivado en 2018 durante la gestión de Pablo Sánchez y notificada a la Procuraduría. Debido a que el caso no fue reexaminado no aplica una segunda notificación. “Al no variar la situación del archivo existente y al no tratarse en estricto de una denuncia, no correspondía notificación alguna”, argumentaron.