Alrededor de las ocho y media de la mañana de ayer, miembros de la Policía y del Ministerio Público, a cargo del fiscal Hamilton Castro, ingresaron a las oficinas del estudio de abogados Rebaza, Alcázar & De Las Casas por orden del juez Manuel Chuyo. Los efectivos intervinieron los pisos 9, 14 y 17 del edificio ubicado en la cuadra 4 de la avenida Canaval y Moreyra, en San Isidro, en busca de José Francisco Zaragoza Amiel, de quien se sospecha habría negociado con el exgobernador del Cusco Jorge Acurio Tito favorecer a la empresa Odebrecht con la licitación de la obra de la Vía de Evitamiento a cambio del pago de coimas por $3 millones.
De manera simultánea, el exgobernador regional, que será trasladado a Lima en las próximas horas, fue detenido en la Ciudad Imperial en un operativo que incluyó el registro de otras cinco propiedades vinculadas a él y la intervención en otros seis inmuebles en Lima de Zaragoza.
NEGOCIO TURBIO. La denuncia fiscal, según se supo, sostiene que en setiembre de 2012 el entonces gobernador del Cusco, Jorge Acurio, se reunió con el “colaborador 06-2017” para ofrecerle a la empresa brasileña Odebrecht la adjudicación del proyecto Vía de Evitamiento. Este le facilitaría la concesión al incluir requisitos que resulten favorables a la compañía, hoy investigada por corrupción de funcionarios.
De acuerdo con la denuncia, Acurio permitiría incluir en las bases requisitos técnicos y económicos favorables a la empresa, y “a cambio, la empresa debía ofrecer un 3% del valor de la obra, que era aproximadamente 3 millones de dólares; monto del cual el 30% debería ser materializado al momento de recibir el pago de adelanto de la obra”.
En octubre del mismo año, el colaborador se reuniría nuevamente con Acurio por orden de Barata para comunicarle que el exdirectivo de Odebrecht en el Perú había accedido a la propuesta.
“El colaborador 06-2017, por instrucción de Simoes Barata, se reunió nuevamente con Acurio Tito en su oficina del gobierno regional informándole que su propuesta había sido aceptada por la empresa, entregando a su vez un sobre, el cual contenía los requisitos técnicos que deberían ser incluidos en las bases de la licitación”, precisa el documento en poder de este diario.
Al mes siguiente, el Gobierno Regional del Cusco declaró viable el proyecto Vía de Evitamiento, el cual consistía en la mejora y el asfaltado de 9.5 km de la carretera ubicada en la Ciudad Imperial con un monto de inversión de S/297’975,952 -y que años después superaría los S/410 millones-. El comité de licitación consignó en las bases del concurso que las empresas participantes debían tener “capacidad económica” y “experiencia en la actividad”; y el 1 de marzo de 2013 le otorgó la buena pro al Consorcio Vías de Cusco, integrado por la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., según se reseña en el informe de la comisión Pari.
INTERVENCIÓN LEGAL. En la resolución del Ministerio Público se señala que Jorge Barata le indicó al colaborador que el dinero a cambio de la adjudicación sería transferido desde una cuenta offshore, por lo que solicitó que el exfuncionario le entregara un número de cuenta para realizar el desembolso. Este último le dio el nombre de la offshore Wircel S.A. a través del Banco Crèdit Andorrà, acumulando un depósito de $1 millón 250 mil entre octubre y noviembre de 2013.
La persona que estaría a cargo de la administración de estos pagos sería el actual presidente del Club Regatas y exgerente general de La Positiva, Gustavo Fernando Salazar Delgado.
Para que la transacción sea efectiva, Salazar y Acurio le solicitaron al abogado José Francisco Zaragoza Amiel, socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas y miembro del consejo directivo del citado club, la elaboración de contratos ficticios de asesoría legal que fueron firmados entre Klienfeld Services Ltda. (Odebrecht) y Wircel S.A.
PANORAMA. Acurio Tito y Zaragoza Amiel cuentan con una detención preliminar por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Este último, entre 2015 y 2016, fue miembro del directorio de Lima Caucho S.A., empresa dedicada principalmente a la producción, compra y venta de llantas.
En tanto, autoridades del Ministerio Público también realizaron el allanamiento de cuatro viviendas de Gustavo Salazar, quien aún no cuenta con una orden de detención.
Por su parte, el estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas descartó que los servicios que ofrece estén relacionados “con ningún tipo de asesoría legal de la Firma al Grupo Odebrecht” y que buscará esclarecer lo acontecido con Wircel S.A. colaborando con las investigaciones de la Fiscalía; mientras que La Positiva Seguros y Reaseguros negó cualquier tipo de vinculación con los actos de corrupción y aseguró que Salazar Delgado no es trabajador de la empresa desde hace casi un año.
POSTURA. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, aseguró que su institución no hará distinciones entre “sardinas o peces gordos” a la hora de condenar a los involucrados en el caso Odebrecht.
“Serán condenados sardinas, tiburones, peces gordos, todos los que tengan que responder por los delitos que tanto daño causan a la sociedad. Sea quien sea, nadie tiene corona y aquí no hay monarquías, estamos en una república”, sostuvo.
El presidente de la Corte Suprema invocó a la Fiscalía a realizar una investigación consistente con el fin de que los casos sean “sólidos” cuando lleguen a instancias judiciales.
“Si el Ministerio Público hace bien su trabajo, construye bien su trabajo y sienta en el banquillo de los acusados a quien debe sentar, el Poder Judicial no vacilará en ningún momento para poner la pena que corresponda”, señaló.
“LAVA JATO”
Críticas al premier Zavala
Los miembros de la comisión parlamentaria “Lava Jato” cuestionaron las declaraciones del premier Fernando Zavala, quien dejó entrever que el Estado contratará con las firmas investigadas siempre que no tengan sentencias. En un comunicado, el grupo afirma que los dichos del premier “constituyen una puerta abierta a nuevos casos de corrupción en las mismas modalidades que hoy son materia de investigación”.
EN ESPERA
Procuraduría Ad Hoc exige respuesta
A través de un comunicado, la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht, a cargo de Katherine Ampuero, dispuso de un plazo de 15 días para que el fiscal se pronuncie sobre el pedido de ampliación en la investigación preparatoria en calidad de testigos que se le sigue a Jorge Barata, José Graña Miró Quesada, Jorge Cuba, Mariella Huerta, Edwin Luyo, Jesús Munive y Jorge Menacho.
CIFRA:
- US$ 1 millón 250 mil fue depositado a Wircel S.A. entre octubre y noviembre del 2013.