El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, notificó al Poder Judicial que ya terminó su investigación contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presuntamente haber recibido aportes ilegales en sus campañas presidenciales anteriores de parte de diversas fuentes, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.

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Según el documento enviado al juez de investigación preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, que fue difundido hoy por Perú21, el fiscal Pérez Gómez notificó hoy 11 de marzo que ha dado por concluida la indagación contra Keiko Fujimori y otros por “la presunta comisión del delito de organización criminal [...] con la agravante prevista del delito de lavado de activos en las modalidades de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia”.

Para el Ministerio Público, Keiko Fujimori y otros investigados recibieron aportes ilegales para financiar las campañas de Fuerza 2011, luego conocida como Fuerza Popular, en los años 2011 y 2016. Una de las fuentes habría sido la constructora Odebrecht con un millón de dólares. Otra fuente fue el presidente del grupo Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, quien entregó más de 3 millones de dólares.

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Otras agravantes que considera el documento son los delitos contra la administración de justicia por falsa declaración en procedimientos administrativos y obstrucción de la justicia.

Esto, porque Fuerza Popular utilizó falsos aportantes para ocultar estos presuntos ingresos ilegales de dinero ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y así dar apariencia de legalidad a los recursos en aquellas campañas.

Luego de haber notificado la conclusión de su investigación, el próximo paso para el fiscal José Domingo Pérez será presentar la denuncia penal formalizada contra Keiko Fujimori y el resto de implicados en el proceso por los delitos arriba mencionados.

Keiko Fujimori, actual candidata a la presidencia por el partido Fuerza Popular, ha cumplido varios meses de prisión preventiva en dos etapas diferentes, luego que el Ministerio Público considerara que su libertad ponía en riesgo la investigación en su contra.

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