Una excesiva y particular preocupación ha evidenciado tener la Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, en la supuesta “privatización” de Petroperú.

Ahora que la insolvente petrolera estatal está en manos de ProInversión (Ministerio de Economía) para su reestructuración, la Defensoría ha demandado al Ejecutivo, ante el Tribunal Constitucional, por vulnerar la “seguridad jurídica” al disponer esta medida vía decreto de urgencia.

La demanda ha puesto a la gestión de Josué Gutiérrez bajo la lupa. Esta no es la primera vez que enfrenta críticas por su desempeño.

Así inicio

El actual defensor del Pueblo asumió el cargo en mayo de 2023. El primer año de su administración estuvo marcado por una imprudente petición a una sala judicial.

Solo tres meses después de su llegada a la entidad, “sugirió” a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que permita a la ex primera dama Nadine Heredia, hoy sentenciada por lavado de activos, viajar a Colombia para un tratamiento médico.

La situación pudo pasar inadvertida de no ser porque Gutiérrez fue legislador (2011-2016) del Partido Nacionalista –que Heredia lideró junto a su esposo Ollanta Humala–. Además, la sala le enmendó la plana a la Defensoría: Aunque tiene prerrogativas, estas “no le permiten sugerir a los órganos jurisdiccionales interpretaciones de las normas”.

Ya en el 2024, Gutiérrez protagonizó otros tres momentos polémicos. El primero llegó apenas inició el año. En enero, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción pidió a la Fiscalía que el defensor sea investigado por presunto aprovechamiento indebido del cargo.

El caso se remonta a su época como congresista, cuando no solo sus cuñados ganaron contratos por S/80 mil en una comuna en Huarochirí, cuya alcaldesa fue vista con Gutiérrez, sino que el ahora defensor fue contratado como asesor por S/40 mil y S/18 mil en 2019 y 2020, informó Panorama.

Después, en agosto de 2024, la Defensoría presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Extinción de Dominio, figura que permite al Estado recaudar bienes, dinero o propiedades vinculados a actividades ilícitas.

Lo llamativo fue que el recurso se presentó en los días en los que la Fiscalía alistaba una demanda, de dicha índole, contra un exdefendido de Gutiérrez, el hoy prófugo Vladimir Cerrón, por una suma de 1 millón 400 mil soles.

Finalmente, en noviembre, Gutiérrez Cóndor se hizo merecedor de un agradecimiento por parte de Antauro Humala.

El etnocacerista, quien purgó condena por homicidio simple y secuestro agravado, saludó que el defensor del Pueblo haya calificado como un “abuso del derecho” que una sala judicial declarara ilegal al partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).

Luego se conoció que Agustín Gutiérrez Cóndor, su hermano, era militante del ilegal partido.

En el 2025, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez por presunto nombramiento ilegal de cargo. Esto debido a que “propuso y designó” a María del Carmen Olórtegui jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad “a sabiendas que no cumplía los requisitos.