Juan Jiménez pide unión de peruanos en defensa de comandos Chavín de Huántar

El representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez Mayor, exhortó a todo el país a mantenerse unidos en torno a la defensa de la labor impecable cumplida por los comandos Chavín de Huántar y al rechazo a cualquier indemnización a los terroristas.

Por ello, instó a todo el país a no especular sobre el resultado del fallo de la Corte de San José sobre la operación Chavín de Huántar, y pidió esperar con tranquilidad ese veredicto.

A través de las redes sociales, Jiménez Mayor subrayó que en este caso, el Perú ejerció ante los tribunales supranacionales una “férrea defensa del Estado”.

Destacó, además, que en ningún otro asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú tuvo una defensa como en el caso Chavín de Huántar, en la que participaron peritos internacionales, testigos y pruebas.

Indicó que el planteamiento del Perú fue claro cuando dejó sentado su rechazó al pago de indemnizaciones a terroristas, así como cuando exige reconocimiento para la labor impecable de los comandos de las Fuerzas Armadas que liberaron a los rehenes tomados en 1997 por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador de Japón en Lima.

“En eso todos unidos”, escribió.

La Corte Internacional de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, dará a conocer próximamente su fallo respecto a la demanda según la cual no se llevó a cabo un proceso judicial justo para determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales durante la operación de rescate.

Dicha demanda fue interpuesta por los abogados de los familiares de los terroristas fallecidos en esa acción de armas.

Los comandos Chavín de Huántar son considerados en el Perú héroes por haber arriesgado sus vidas para rescatar a los rehenes, hecho con el cual también contribuyeron a eliminar el terrorismo y pacificar el país.

No obstante, la exitosa operación de rescate fue empañada tras difundirse la versión de que algunos de los terroristas rendidos fueron asesinados por infiltrados del entonces Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), tesis respaldada por presuntos testigos presenciales del hecho, entre ellos un diplomático japonés y dos policías peruanos.