El fiscal Germán Juárez Atoche respondió ayer a las acusaciones que lo cuestionan por usar su cargo de forma arbitraria y perseguir políticamente a Ollanta Humala y Nadine Heredia, investigados por lavado de activos ante su despacho.
Y es que el lunes último, sus adjuntos, Alexander Taboada y Trilce Cruz, se presentaron en el colegio Hiram Bingham, donde estudian las menores hijas del expresidente Illary y Nayra, luego de conocerse que su suegra, Antonia Alarcón, salió del país con ellas.
“No se trata de un acoso arbitrario, sino de un acto de investigación (...) Dispuse que verifiquen, no que vayan a los salones del colegio para saber si están las niñas, sino que conversen con su directora. Es lo correcto verificar si existía la autorización de las menores”, señaló Germán Juárez Atoche.
Y agregó: “Lo que se trata es de cautelar y neutralizar un peligro de fuga. ¿Qué tal si no hubiera ido a entrevistar a la directora? ¿Qué tal si no había autorización? Yo hubiera sido cuestionado por negligente e inerte. Cualquier fiscal hubiera verificado”.
El lunes último, Ollanta Humala, a través de su cuenta de Twitter, se preguntó lo siguiente: “Fiscales adjuntos de Germán Juárez ahora van al colegio de mis hijos a investigar sobre su viaje. Sr. Fiscal de la Nación, ¿le parece correcto?”.
ACUERDOS. De otro lado, en conferencia de prensa, el coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba, explicó que los fiscales que viajaron a Curitiba para interrogar a Marcelo Odebrecht, el 15 de mayo, no estaban facultados para formular repreguntas, debido a que existía un marco previo coordinado con la justicia de Brasil.
Semanas antes del viaje, el fiscal Germán Juárez Atoche remitió vía cooperación internacional un pliego de preguntas que fue leído por un fiscal brasileño, bajo el cual debía circunscribirse la diligencia, según las normas internacionales establecidas con las autoridades de Brasil. Solo se podían formular consultas aclaratorias, precisó.
Fue por ello que el equipo de fiscales no pudo realizar preguntas en torno a los posibles aportes de la empresa Odebrecht a las campañas presidenciales del exjefe de Estado Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Prueba de ello, agregó, fue que los propios abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia tampoco pudieron formular interrogantes.
PRUEBA PROHIBIDA. Sobre las anotaciones que vinculan a Alan García y Keiko Fujimori, supuestamente escritas por Marcelo Odebrecht en sus agendas personales, el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación, Alonso Peña Cabrera, aclaró que todavía no ha sido remitida ni comunicada dicha información a su despacho.
Agregó que aquí entra a tallar la colaboración espontánea, en la que si un despacho del país vecino descubre información o pruebas relevantes para el proceso en Perú, inmediatamente debe ser comunicada a la Procuraduría General de Brasil para que esta, a su vez, la remita vía cooperación internacional al Perú. De hacerlo directamente se consideraría prueba prohibida, explicó.