Un gran debate viene generando la iniciativa legislativa que busca implementar, en casos de crimen organizado, tribunales con jueces y fiscales sin rostro.

El proyecto de ley No. 6920-2023, de la bancada Unidad y Diálogo Democrático, no solo pretende preservar la identidad de los magistrados, sino también de los fiscales inmersos en estos procesos.

El motivo es el temor de la judicatura a ordenar acusaciones o prisiones preventivas ante una posible venganza de parte de delincuentes que no tienen ningún escrúpulo para asesinar. La propuesta ha suscitado múltiples reacciones tanto en el Ejecutivo como en abogados constitucionalistas.

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La norma

La propuesta busca autorizar la creación de tribunales sin rostro para la “investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales”.

De esta manera, se indica, se “preservará la identidad de los magistrados y fortalecerá la lucha contra la criminalidad” en el país.

Para ello, se sugiere modificar la Ley 30077. Esta norma fija las reglas y procesos vinculados a investigar, juzgar y sancionar los delitos mencionados.

También se estipula que el procedimiento de “creación y/o regulación de códigos para los magistrados y fiscales” pertinentes, se llevará a cabo por el Poder Judicial en 120 días calendario.

Tras estas diligencias, los fiscales y jueces no necesitarían firmar las resoluciones judiciales debido a la reserva de su identidad.

Desacuerdos

Uno de los primeros en pronunciarse desde el Poder Ejecutivo fue el premier Alberto Otárola, que expresó su rechazo.

“No creo en los jueces sin rostro, creo que la justicia debe ser abierta y democrática”, sostuvo. Un poco más cauto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, comentó que su cartera espera a que la Comisión de Justicia evalúe este tema.

“Es un tema debatible”, aseguró. Desde la Policía, mientras tanto, se adoptó otra postura. El jefe del Estado Mayor de la Policía, el general Óscar Arriola, se mostró conforme.

“Nosotros trabajaríamos más tranquilos con jueces sin rostro; con los miembros de bandas criminales que, una vez detectados, vayan a la cárcel directamente. Que no haya esta posibilidad de prisión preventiva o  arresto domiciliario, después se fugan por la noche y asesinan”, señaló a RPP.

Perspectivas

El polémico proyecto de ley fue analizado por los constitucionalistas Ernesto Álvarez y Natale Amprimo.

Álvarez dijo a Correo que esta iniciativa “es inviable”. Remarcó que podrían darse otros cambios que no contrarresten las sentencias ya emitidas por la Corte IDH.

“Se debe tratar de innovar. Hay que establecer menos requisitos formales (en la investigación); así, el informe policial y la acusación fiscal pueden ser admitidas, en sede del Poder Judicial, con mayor prontitud y menor posibilidad de ser atacadas por abogados defensores que dominan el Código Procesal Penal, en tanto que otros jueces y fiscales son solo provisionales”, manifestó.

En esa línea, el también expresidente del Tribunal Constitucional sugirió una reforma con fiscales y jueces titulares, así como instrumentos normativos más expeditivos que sean respetuosos del debido proceso. En otro momento, recordó que ya la Corte IDH frenó juzgamientos de terroristas por parte de tribunales sin rostro que, en su momento, estaban justificados.

“Hubo terroristas que tenían organizaciones aparentemente legales, como Socorro Popular, que presionaban, extorsionaban y atemorizaban a los jueces en sus casas cuando se enteraban que eran ellos quienes juzgarían a sus activistas. Esto (tribunales de jueces sin rostro) es algo que la Corte IDH ya ha desdeñado”, señaló.

En este contexto, subrayó que el Perú “no puede arriesgarse a que, una vez más, se anulen las sentencias en el Sistema Interamericano”.

Similar opinión tuvo Natale Amprimo. El constitucionalista se mostró en desacuerdo con la iniciativa debido a que “vulnera garantías elementales de la justicia”.

“Una de estas garantías es poder recurrir a un juez natural. El ciudadano tiene que saber quién lo está juzgando. Lo que tiene que hacer el Estado es darle protección a esa persona. Esta propuesta es incompatible con un sistema democrático”, precisó a Correo.

El letrado afirmó que el Estado de Derecho conlleva una serie de reglas y premisas. Por ello, añadió, “este proyecto de ley no tiene claro lo que significa un sistema democrático”.

“Es una propuesta demagógica. (...) Todos esos juicios que se llevaron adelante en los 90 fueron anulados y tuvieron que volverse a juzgar. Lo que hay aquí son congresistas que buscan un buen titular en la prensa y que no tienen el más mínimo estudio y examen del tema”, enfatizó.

Más iniciativas

No obstante, el proyecto antes descrito no es el único planteado, en las últimas semanas, contra la inseguridad ciudadana. Desde enero último, otras seis propuestas legislativas resaltan.

Alianza por el Progreso (APP), por ejemplo, sugirió conceder la amnistía para el personal militar y policial que combate el crimen organizado; y establecer el delito de terrorismo urbano para fortalecer la seguridad ciudadana en el país (No. 6912-2023).

La primera de estas iniciativas fue minimizada por el primer ministro. Otárola indicó que “no está en agenda” implementar esta medida. En tanto, la segunda propuesta ya se encuentra en la Comisión de Justicia.

Fuerza Popular también presentó un proyecto de ley que tipifica el delito de usura digital “Gota a gota digital” (No. 6941-2023). Con este se busca sancionar a quienes “otorguen un préstamo de dinero –directa o indirectamente– y estipule un interés mayor al permitido por ley peruana”.

Aplica para quienes colaboren con estas tácticas y formen parte de alguna estructura criminal, así como a los ciudadanos que accedan a estos préstamos “a sabiendas” de actos ilícitos.

AP y Cambio Democrático-Juntos por el Perú también presentaron propuestas (ver infografía).