Juez Concepción Carhuancho ordena tres años de prisión preventiva para Keiko Fujimori

Actualizado el 01/11/2018, 06:50 a. m.

“Sí, existe sospecha grave sobre la participación de Keiko Sofía Fujimori Higuchi en el delito de lavado de activos en una organización criminal”. Esta fue una de las primeras conclusiones que el juez Richard Concepción Carhuancho expuso en la audiencia que presidió ayer, la que siete horas después acabó con una resolución alineada con dicha premisa: que la lideresa de Fuerza Popular pase los próximo 36 meses bajo prisión preventiva.

El nuevo vía crucis que enfrenta la excandidata presidencial comenzó cuando el magistrado, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, adelantó que en dicha jornada dictaría su decisión con respecto a la también exprimera dama, pese a que aún falta evaluar el caso de seis investigados y que hay otros cuatro que esperan fallo.

“He estado analizando (su caso) y la información es amplia”, manifestó sobre el tema Concepción Carhuancho.

Para aprobar el pedido de prisión preventiva se debían evaluar cinco presupuestos: la apariencia de buen derecho (elementos de convicción), prognosis de la pena (que la condena probable sea mayor a cuatro años de cárcel), el peligro procesal (riesgo de fuga y de obstaculización), la proporcionalidad (si la prisión preventiva corresponde) y si se justifica el plazo pedido por la Fiscalía.

En cada uno de los casos, el juez de garantías desechó casi todos los argumentos de la defensa y admitió gran parte de los alegatos del fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, quien requirió el encierro provisional.

EVIDENCIAS

Con respecto al primer elemento, el magistrado valoró la declaración de directivos de Odebrecht, la manifestación de los testigos protegidos -en especial el identificado con el número clave 2017-55-3- y hasta las conversaciones del grupo de chat fujimorista “La Botica”, de Telegram.

Sobre estos factores, Richard Concepción concluyó que de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, ex director ejecutivo de la constructora Odebrecht, se desprende que este ordenó que se aumente 500 mil dólares más a la campaña presidencial de Fujimori Higuchi en el 2011, lo que supone que antes hubo un pago de medio millón.

Agregó que -según la misma manifestación- estos montos provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas de dicha empresa, es decir, de la denominada “Caja 2”, los que calificó como “fondos de naturaleza ilícita”, pues se destinaban al pago de coimas.

“Se concluye que Odebrecht habría corrompido a candidatos para obtener beneficios indebidos”, refirió Richard Concepción, quien añadió que estos favores podrían referirse a la adjudicación de obras públicas o a decisiones políticas convenientes para la firma brasileña.

“No hay lonche gratis”, dijo Concepción para reforzar su hipótesis, parafraseando al economista Adam Smith. También citó al desaparecido historiador Alfonso Quiroz -autor del libro Historia de la corrupción en el Perú- para sustentar el vínculo entre las aportaciones y, precisamente, la corrupción.

Del mismo modo, mencionó las declaraciones del Testigo Protegido 2017-55-3, respecto a las operaciones que el legislador Rolando Reátegui emprendió para conseguir falsos aportantes, cuya operación configuró el “pitufeo” denunciado por el Ministerio Público.

Recordó además que este colaborador afirmó que Keiko Fujimori, Ana Herz de Vega, Pier Figari y Vicente Silva Checa tomaban las decisiones como integrantes de la cúpula de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) y, en consecuencia, eran cabecillas de la supuesta organización criminal para lavar activos (los aportes de Odebrecht), según las sospechas de la Fiscalía.

En consecuencia, concluyó que habría una organización criminal enquistada dentro de dicho partido. “No se criminaliza al partido, se afirma que hay una organización de facto dentro”, precisó.

Al mencionar, asimismo, al jurista alemán Claus Roxin y su teoría del “hombre de atrás” -que no ejecuta los hechos, sino que da órdenes en la sombra-, consideró que Keiko Fujimori sería la líder de la supuesta organización criminal.

“Existe alto grado de probabilidad de recepción, tenencia, ocultamiento y lavado de dinero por parte de la investigada Keiko Fujimori, fondos aportados por Odebrecht el 2010 y 2011”, subrayó.

En cuanto a las conversaciones en “La Botica”, Richard Concepción indicó que en ellos se aprecia “la tendencia (de Fuerza Popular) para demoler al fiscal que investiga (Pérez) y el blindaje a un funcionario, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para tenerlo presionado”.

ARRAIGO

En cuanto al peligro procesal, el juez de investigación preparatoria reconoció que Keiko Fujimori tiene arraigo domiciliario, familiar y hasta ocupacional. Sin embargo -y precisamente en virtud al supuesto blindaje a Chávarry y al exjuex supremo César Hinostroza-, expresó que esto no garantiza que enfrentará a la justicia.

Sobre la prognosis de pena, Concepción Carhuancho refirió que la sentencia que recibiría Fujimori Higuchi sería de entre 10 y 13 años de prisión, expectativa que hace posible la prisión preventiva.

El magistrado, finalmente, consideró que el plazo solicitado por la Fiscalía, de 36 meses, se justifica debido a lo complejo del proceso en curso.

Tras concluir la lectura de su fallo, Concepción dispuso que este se ejecute de manera inmediata, porque personal de la Policía se dispuso a detener a la también excongresista, quien fue trasladada a la Carceleta del Poder Judicial, donde pernoctó.

Fuentes de la Corte Suprema señalaron a Correo que en dicho recinto se sometió a Fujimori al respectivo control de identidad y los correspondientes exámenes de Medicina Legal.