El juez de Investigación Preparatoria, Jorge Chávez Tamariz, resolverá de acuerdo a Ley el pedido de la Procuraduría ad hoc para los casos Lava Jato sobre el incremento del pago de la reparación civil de US$ 20 millones, de manera solidaria, a los implicados en la investigación contra Susana Villarán por recibir supuestos sobornos por obras durante su gestión y aportes de Odebrecht y OAS a su campaña por el No a la revocatoria.

Cuatro investigados en el caso se opusieron a la pretensión de la defensa del Estado para los casos Lava Jato, entre ellos: Gabriel Prado, Guillermo Loli, Domingo Arzubialde y Leo Pinheiro (este último desistió de su oposición).

El abogado de Prado, Alexander Gonzáles, pidió que se rechace la pretensión de la Procuraduría ad hoc porque no es en esta etapa donde se deben individualizar los delitos, e hizo mención que Prado no está involucrado en el delito de lavado de activos como otros investigados, pues solo en el delito de asociación ilícita.

El abogado de la Procuraduría, Miguel Chero, dijo que los imputados habían causado un perjucio al Estado. “No es en esta etapa en donde se debe individualizar los delitos. Mientras se generan nuevos elementos de convicción se asignó el montó”, indicó.