Recién en dos años, aproximadamente en junio del 2011, cuando el gobierno de Alan García empiece a hacer sus maletas y despedirse del poder, estarían llegando a su fin los procesos por los sangrientos disturbios en Bagua, que dejaron como saldo 34 muertos el pasado 5 de junio. A 200 se eleva el número de procesados, y la complejidad de los delitos, sumada al hecho de que sólo el 40% de los citados ha rendido su declaración, serían factores determinantes para la demora, reveló a este diario el procurador Oswaldo Arroyo. El abogado del Estado explicó que los tribunales de justicia de Utcubamba y Bagua recién están programando las diligencias a los principales dirigentes incluidos en el proceso, como es el caso de Santiago Manuin, quien rendirá su testimonio el próximo lunes 14 de diciembre. Éste sería el verdadero motivo por el que el juez de Utcubamba ha dispuesto ampliar por 60 días más sus investigaciones. Sin embargo, Arroyo no descartó que las indagaciones se dilaten aún más en caso el Poder Judicial acepte su pedido -y el de la Fiscalía- de declarar complejo el proceso. Esto significaría que las diligencias demoren seis meses más. “La pluralidad de los delitos (homicidio calificado, secuestro agravado, extorsión, disturbios, arrebato de armas y municiones, entre otros) requiere más tiempo para ser investigados. Por tal razón se pide declarar 'complejo' el proceso”, explicó. A todo ello se suman otras diligencias que aún faltan realizarse, como es el caso de la confrontación entre los procesados y el análisis de las pruebas de balística a las que fueron sometidos los indígenas y la Policía. EXCESO. Al respecto, el ex presidente de la Corte Superior de Lima Marcos Ibazeta calificó como “un exceso” el tiempo de dos años que se estima durarían los procesos por los disturbios en Bagua. Más bien propuso al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que disponga la creación de una sala que se dedique exclusivamente al caso. Consultado sobre si dicha sala puede tener su sede en Lima o en Amazonas (donde reside la mayoría de los procesados), el jurista señaló que podría crearse un tribunal móvil para que sus magistrados tengan la facilidad de trasladarse al lugar donde ocurrieron los hechos. Ibazeta recordó su experiencia como titular de la Sala de Terrorismo, donde se crearon tribunales móviles en zonas como Pacucha y Chalcahuanca, en Andahuaylas. “Las investigaciones demoraron menos tiempo. Hasta hemos llegado a sentenciar en sólo dos semanas a 25 campesinos acusados de terrorismo en Pacucha”, recordó. Por su parte, el jurista Aníbal Quiroga discrepó de Ibazeta, pues calificó de razonables los dos años que durarían los procesos en Bagua, aunque demandó mayor celeridad. PROTEGIDO. Sin embargo, el Poder Judicial de Lima enfrenta también su propia batalla. Fuentes judiciales revelaron a Correo que el 37 Juzgado Penal de Lima aún no puede remitir a Nicaragua el pedido de extradición del ex dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) Alberto Pizango, procesado por los delitos de apología de la sedición y motín por los disturbios en Bagua. El motivo sería la negativa de Interpol-Nicaragua de responder oficialmente al Poder Judicial de nuestro país en torno a la ubicación de Pizango, quien se encuentra asilado en dicha nación. “Se sabe dónde está, pero oficialmente no existe un documento de la Interpol de Nicaragua que confirme su ubicación y menos que disponga su detención. Por eso, la justicia peruana no puede solicitar la extradición”, explicó una fuente tras acusar a la Policía del país centroamericano de falta de colaboración. Sobre el particular, Interpol del Perú calificó dicho caso como “político”, al explicar que su par de Nicaragua no puede intervenir en este tipo de temas. “La Interpol sólo puede actuar en casos de criminalidad, no en temas políticos”, señaló.