La bancada de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley que permitiría a la presidenta Keiko Fujimori disponer el cese anticipado del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. La iniciativa plantea modificar el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, que actualmente establece un periodo de dos años para quien ocupa ese cargo.

La propuesta fue presentada por la congresista Catherin Palomino en un contexto marcado por cuestionamientos a la respuesta policial frente al incremento de homicidios. De aprobarse, la modificación permitiría evaluar la continuidad del máximo jefe de la PNP antes de que concluya su periodo previsto en septiembre de 2027.

El proyecto mantiene los dos años establecidos para el ejercicio del cargo, pero incorpora una causal para su conclusión anticipada denominada pérdida sobreviniente de idoneidad. Esta figura podría aplicarse cuando existan circunstancias posteriores al nombramiento que comprometan el desempeño del comandante general.

¿En qué casos se propone el cese del cargo?

La iniciativa contempla cuatro situaciones para determinar esa pérdida de idoneidad. Entre ellas figuran una afectación grave de la eficacia operativa o de la conducción estratégica de la PNP, así como el incumplimiento grave y reiterado de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana.

También se considera la negligencia grave que perjudique de manera sustancial la seguridad ciudadana, el orden interno o la capacidad operativa de la institución. El cuarto supuesto comprende actos u omisiones que afecten la institucionalidad, disciplina, integridad o legitimidad de la Policía Nacional.

El proyecto establece que la decisión de retirar al comandante general debe ser comunicada personalmente por la presidenta y contar con una sustentación escrita. La medida busca establecer criterios para la decisión y evitar que el cese responda a una determinación sin fundamentos.

En su exposición de motivos, Palomino cuestiona que la regulación vigente pueda generar una permanencia sin posibilidad de remoción incluso ante situaciones graves. La congresista sostiene que la crisis de inseguridad requiere mecanismos que permitan evaluar la continuidad del máximo responsable policial cuando deje de cumplir las condiciones necesarias para el cargo.

La iniciativa utiliza cifras oficiales para sustentar la necesidad de modificar las reglas sobre la permanencia del comandante general. Según el documento, en 2025 se registraron 2,218 homicidios, frente a los 2,083 contabilizados en 2024 y los 1,511 de 2023.

El proyecto también señala que durante los primeros 26 días del gobierno de Keiko Fujimori se reportaron 134 homicidios. Estos datos son utilizados por la bancada para plantear la necesidad de contar con mecanismos de responsabilidad para la conducción de la PNP.

-