Karelim López Arredondo, asesora de una empresa que forma parte del Consorcio Puente Tarata III, que ganó un millonario contrato con el Estado, no solo es una visitante asidua en Palacio de Gobierno y en la casa del presidente Pedro Castillo en Breña, también coordinó la animación de la última fiesta de cumpleaños de la hija mejor del jefe de Estado.

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Y es que la empresaria -investigada por la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias- se encargó de hacer la “conexión” con una conocida animadora para el onomástico que se celebró en la Casa de Pizarro el pasado 27 de octubre, cinco días después de que se adjudicara al mencionado consorcio un contrato de 232.5 millones de soles de Provías Descentralizado.

Al respecto, especialistas consultados por Correo advierten que el acto que tuvo la empresaria para con el mandatario no es más que una “dádiva”.

HISTORIA

De acuerdo con el programa Beto a Saber, la artista Brenda Carvalho fue la encargada de animar el cumpleaños de la hija del mandatario. Aunque ella confirmó su participación, en el registro de visitas de Palacio de Gobierno no figura su ingreso.

La modelo brasileña relató que su productor se comunicó con ella para decirle que tenían un evento.

“No tuve la oportunidad de conocerlo (al presidente Castillo), pero sí, él participó, saludó a todos. Yo ya entre de frente con Alondrita (la hija del presidente) y me quedé con ella un ratito. Al final estuve con ella todo el tiempo, porque no me soltaba la mano, estaba muy emocionada, estaba feliz”, narró.

Lo que más llamó la atención es que fue la empresaria Karelim López quien se encargó del evento para la hija del mandatario.

“(¿Tienes algún vínculo con Karelim López?) Hablé con ella dos veces por el tema de la coordinación; ella me agradeció por ir. Allí me entere que fue ella quien hizo la conexión”, reveló Carvalho.

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DÁDIVA

Sobre el tema, la exprocuradora Delia Muñoz sostuvo que realizar reuniones con proveedores del Estado constituye una infracción de carácter administrativo, de acuerdo con la Ley de conflictos de intereses.

“Aquí, aparentemente, le habría financiado el gasto de un familiar del presidente de la República. Eso es recibir una dádiva”, sostuvo.

La también exministra de Justicia aseguró que los funcionarios están obligados a declarar todas las reuniones y gestiones que tienen, y que tienen prohibido recibir dádivas de proveedores del Estado.

“Eso constituye, en primer lugar, una infracción de carácter administrativo, por lo menos. De allí a que podamos decir que estamos frente a una situación penal, habrá que ver si se tenía conocimiento, quién era. Pero sí estamos en una situación irregular, prohibida por la norma, eso es claro”, afirmó.

Añadió que existen indicios para que la Fiscalía considere investigar de forma preliminar el hecho, porque “se están infringiendo normas de orden público”.

Es oportuno mencionar que la Ley de Conflicto de Intereses de los Lineamientos de la Ética precisa que las personas que realizan actos de gestión de intereses se encuentran obligadas a observar una serie de lineamientos, entre ellos: Abstenerse de prometer u otorgar beneficios de cualquier tipo, proveer servicios o entregar bienes de cualquier naturaleza a favor de los funcionarios con capacidad decisión pública.

“Así como de su cónyuge o conviviente, o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Esta obligación se aplica inclusive con anterioridad o posterioridad al acto de gestión de intereses realizado ante el funcionario”, señala la extensión de la norma.

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POSTURA

Para el penalista Luis Lamas Puccio, “hacer un regalo de manera directa o indirecta a un funcionario público es un acto propio de corrupción”.

“Maquillado, encaramado o matizado, pero en el fondo lo que está buscando es una complacencia de parte del funcionario público que acepta un regalo. Es un acto de corrupción, incluso está tipificado como un delito en la legislación penal, es una forma de cohecho”, declaró.

El especialista precisó que se considera delito de cohecho el buscar influir en la decisión que se va a tener que tomar a futuro o que se estaba tomando.

Cabe precisar que cinco días antes de la fiesta de la hija del presidente, el consorcio vinculado a Karelim López recibe la buena pro de un contrato millonario.

Lamas Puccio agregó que este indicio sería suficiente para ampliar la pesquisa. “La Fiscalía de la Nación debería incluir este hecho dentro de la investigación y a todos los que han participado”, dijo.

Al ser consultado si se debería incluir al mandatario, respondió: “Por supuesto, también al presidente, porque es el personaje más importante en este tema”.

ALCANCE

Por su parte, el abogado Andy Carrión explicó que todo tipo de donativo o regalo que reciba un funcionario debe transparentarse, esto de acuerdo con la Ley de Transparencia de la Función Pública.

“En este caso, el hecho de que Karelim haya hablado con ellos o coordinado para que pueda poner o financiar este show, pues tendría que haber sido declarado”, sostuvo.

Carrión enfatizó que lo revelado afianza la investigación que se sigue contra la empresaria López y el exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, pero que tiene una arista más.

“Adicionalmente, ya podría demostrar que no solo era un trato directo con Pacheco, sino también con el propio presidente a través de su familia”, señaló.

A diferencia de Lamas, consideró que la coordinación de la empresaria para la fiesta de la hija del mandatario no bastaría para imputar al mandatario, pero sí para afianzar el grado de conexión que haya tenido con el exsecretario.

“Desde mi punto de vista no transparentar esta información se configura como una infracción administrativa”, agregó.

VERSIÓN

Aunque la presentaciones de Brenda Carvalho cuestan, en promedio, 8 mil soles, ella aseguró que “no cobró ningún sol” en este caso.

Sin embargo, refirió que Karelim López está involucrada. “Me parece que sí, ella (la empresaria) fue la que hizo la comunicación. Somos personas públicas, trabajamos con eventos”, puntualizó.