El Poder Judicial aprobó este jueves 21 de abril el pedido de la fiscalía para imponer comparecencia con restricciones a un grupo de cinco investigados por el Caso Puente Tarata, entre los cuales se encuentra la empresaria Karelim López.

De este modo, López Arredondo no podrá cambiar de domicilio y deberá presentarse cada fin de mes para dar cuenta de sus actividades. Tampoco podrá comunicarse con testigos, coimputados y no asistir a Provías. También deberá pagar una caución de S/ 10 mil.

El requerimiento de la fiscalía fue presentado junto al pedido de prisión preventiva contra otros siete procesados por este caso, entre ellos Bruno Pacheco y dos sobrinos del presidente Pedro Castillo: Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo.

Cabe indicar que esta solicitud fue resuelta la semana pasada por el juez Manuel Chuyo, quien aprobó la medida para todos ellos, que se encuentran prófugos de la justicia y quienes han sido incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

Además de López Arredondo, la comparecencia restrictiva alcanza a los empresarios Marco Pasapera Adrianzén y Héctor Pasapera López, el exrepresentante legal del consocio Puente Tarata III Víctor Rony San Miguel Velásquez y el exfuncionario de Provías Alcides Villafuerte.

Los últimos tres estuvieron detenidos preliminarmente por este caso, pero salieron libres tras expirar la medida. La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro les imputa el delito de colusión agravada como parte de una supuesta organización criminal.

La obra bajo investigación es la construcción del Puente Tarata sobre el río Huallaga, en la región San Martín, que se concedió al consorcio Puente Tarata III. Para el Ministerio Público, esta concesión se dio mediante irregularidades vinculadas a una supuesta organización criminal que buscó copar entidades como Provías Descentralizado para direccionar el otorgamiento de obras.

El caso

La tesis fiscal es que la supuesta mafia habría estado encabezada por el propio presidente Pedro Castillo y parte de la misma se basa en las declaraciones dadas por Karelim López a la fiscalía anticorrupción.

Estas declaraciones son similares a la que dio la empresaria a la fiscalía de lavado de activos como parte de un proceso de colaboración eficaz, sobre una supuesta mafia al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).