“Ser expuesta como un trofeo, con un chaleco de detenida, hasta ser trasladada de emergencia enmarrocada en una furgoneta, son cosas que jamás imaginé pasar, ni en mi peor pesadilla”. Estas fueron algunas de las palabras con las que Keiko Fujimori Higuchi describió el momento que atraviesa luego de estar un año tras las rejas.

Aunque el juez de garantías Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular a fines de octubre del año pasado, la ruta en que la excandidata presidencial perdió su libertad comenzó el 10 de ese mismo mes, cuando se ejecutó una detención preliminar solicitada por el fiscal José Domingo Pérez tras recibir la autorización del mencionado vocal.

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Desde entonces, a Fujimori Higuchi los caminos de impugnación en el Poder Judicial (PJ) le han sido esquivos, pues en todas las instancias confirmaron su encierro, incluso en la Corte Suprema, donde su defensa consiguió que el plazo de prisión preventiva se reduzca de 36 a 18 meses, pero se desechó su libertad, postura que ninguno de los seis magistrados que evaluaron su caso respaldó.

En paralelo se desarrolló la investigación por los supuestos aportes que Fuerza Popular (FP) recibió de Odebrecht -como lo afirmó el exsuperintendente de la constructora en el Perú, Jorge Barata-, pesquisa a cargo del fiscal Pérez.

Es precisamente el Ministerio Público, y su Equipo Especial “Lava Jato”, el blanco de gran parte de los cuestionamientos formulados por la excandidata presidencial y su defensa, y que a su vez responden que la bancada “naranja” busca entorpecer su accionar, versión que utilizó para fundamentar que hay un riesgo procesal en su caso y que el PJ admitió.

Sin embargo, sin su lideresa en libertad, el fujimorismo perdió la presidencia del Congreso, pues Daniel Salaverry se alejó del partido y su conducta hacia sus hoy excompañeros de Fuerza Popular varió progresivamente de ignorar sus peticiones a enfrentarlos públicamente.

AISLAMIENTOEn su último pronunciamiento, Keiko Fujimori recuerda que aún le queda una última carta: el hábeas corpus presentado por su hermana Sachi en el Tribunal Constitucional (TC), organismo que está en el ojo de la tormenta política por la renovación de sus miembros, un proceso con numerosos cuestionamientos y que incluso enfrentó una cuestión de confianza, que luego devino en la disolución del Parlamento dispuesta por el presidente Martín Vizcarra.

Fujimori, como reveló a Correo su abogada Giulliana Loza, se encuentra mientras tanto en aislamiento en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, “encerrada de 6 p.m. a 6 a.m.”, sin recreación y con las visitas esporádicas de sus hijas y su esposo, Mark Vito Villanella, hasta que el TC, en unos meses, emita su decisión.