Para la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el problema de la minería informal se solucionaría derogando dos decretos legislativos que tienen como fin formalizarla y sancionar a la minería ilegal, el 1105 y el 1100, respectivamente. Así lo anunció y materializó en un papel firmado por ella y los mineros informales el pasado viernes 29 de abril. Ese mismo día, dos horas después, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, tildó la medida de irresponsable y el lunes, el propio presidente Ollanta Humala, la acusó de populachera, “hecha para ganar votos a costa de deforestar la Amazonía”. Sin embargo, ¿es realmente la derogación de esos decretos una medida populista e irresponsable?

Documento firmado entre @KeikoFujimori y mineros informales. @Politica_ECpe @elcomercio pic.twitter.com/VKiGdlHph9

— Martín León Espinosa (@mleonespinosa) 29 de abril de 2016

La diferencia entre minería informal e ilegal está en los números. Ambas representan un universo de aproximadamente 100.000 personas (datos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental-SPDAy la Defensoría del Pueblo). Mientras que la primera se realiza en zonas autorizadas para la actividad minera y causaría menor daño al medio ambiente, la segunda hace que 50.000 hectareas de la Amazonia estén deforestadas, además que 4.500 niñas sean explotadas sexualmente (datos la ONG Capital Humano y Social Alternativo).

Para hacernos una idea: uno de los campamentos logísticos que sostiene la minería ilegal en Madre de Dios, conocido como La Pampa, tiene 725 hectáreas deforestadas, que equivalen a 1.000 campos de fútbol, según un informe de la BBC.

Para Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, derogar los decretos, que son el eje de la lucha contra la minería ilegal y regulan a la informal, se justifica en la palabra fracaso: “El proceso de formalización ha fracasado. Es un fracaso del ministro (Pulgar-Vidal) y del gobierno. Cuando fracasa una política pública se le deroga y eso no quiere decir que va a quedar un vacío. Es una política fracasada. Lo que fracasa se hace de cero”.

Cuando Galarreta es consultado por la nueva normativa que se implementará, acusa al gobierno de hacer “politiquería” con los anuncios de Keiko Fujimori. El plan de gobierno de Fuerza Popular, el Plan Perú, tiene cinco propuestas para la minería informal y una sola para enfrentar a la minería ilegal. Estas apuntan a modificar el proceso de formalización, pero no a regular o dar incentivos a la pequeña minería o minería artesanal o luchar contra la minería ilegal.

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“No hay propuestas claras o que ataquen el problema de fondo. El compromiso que firmó es una hoja con dos capítulos y cinco propuestas. Eso es lo preocupante”, afirma Silvana Baldovino, Directora del Programa de Conservación de la SPDA. Las propuestas que menciona Baldovino cumplirían con exonerar de impuestos a los mineros informales, restituirlos como mineros artesanales y darles créditos blandos. Todo esos beneficios a cambio de que ellos se comprometan a no maltratar el medio ambiente.

¿FUE UN FRACASO EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN?

Lo dicho por Galarreta es similar a la justificación que brinda la congresista electa por Fuerza Popular Lourdes Alcorta, quien afirma que nadie en su sano juicio pretende defender la minería ilegal: “Este gobierno los cinco años que ha estado en el poder no hizo nada con los 4.000 mineros que solicitaron fomalizacion. Creo que cuatro o siete son los que se han regularizado, el gobierno no hizo nada”.

Ese monto también fue señalado por la propia lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien expresó que en el primer año de implementados los decretos solo fueron 7 los mineros que pudieron formalizarse y 200 en el siguiente. Pero también hay otros números que revisar: según la Dirección General de Formalización Minera, de las 73 mil solicitudes presentadas al proceso de formalización en el 2012, 40.289 ya figuran en el Registro de Saneamiento, es decir cuentan con RUC y por tanto tributan. Además, el número de mineros formalizados habría llegado a por lo menos 1.405, 1.000 en Puno, 400 en La Libertad y 5 en San Martin.

“Puede que el estado se haya demorado y que la cifra sea baja, pero hay intención de un sector de formalizarse. Regresar a cero es desconocer todos esos procesos y desconocer el esfuerzo de un gran sector de la población”, expresa Baldovino.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en 2014, afirma que “un balance únicamente cuantitativo de la situación descrita podría llevarnos a concluir que la política emprendida por el Estado en el 2012 en materia de formalización minera no ha dado resultados”. En ese sentido, el documento indica que es necesario destacar los avances a nivel normativo y de implementación de procedimientos administrativos, así como adoptar las medidas que correspondan para la atención de los temas pendientes.

En todo el informe no hay una sola mención a la palabra “derogatoria”. Por el contrario, las palabras que más se usan son “complementar” o “implementar”. Consultado por esto, el ex adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo Ivan Lanegra explicó que la decisión de Fujimori Higuchi respondería a una necesidad de votos. “Los cálculos más serios hablan de 100.000 personas dedicadas a esta minería e igual numero de familias. Es una cantidad de votos que no parece ser muy grande, pero en un contexto de campaña, donde la distancia entre los candidatos es muy pequeña, puede ser la diferencia”, sostiene.

“La respuesta no puede ser solo criticar la posición de Fujimori. Hay que plantear propuestas alternativas. Se requiere una política diferenciada. La minería informal no es la misma en Loreto, en Piura o en Madre de Dios. Muchos de los mineros informales están en zonas donde se podría hacer minería, pero no tienen concesión o, si la tienen, el terreno superficial no les pertenece. Hay 35.000 procesos en marcha de gente que quiere formalizarse, pero la pregunta es: ¿cuántos de ellos verdaderamente podrían formalizarse?”, continúa Lanegra.

El ex adjunto para el medio ambiente de la Defensoría también asegura que falta más capacidad del Estado en ese sentido y esto se hace evidente porque hasta 2014 no se había implementado el denominado Fondo para el Proceso de Formalización, que está a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y que debería servir para financiar los costosos procedimientos que desaniman a los mineros artesanales.

¿DEROGAR ES LO MÁS SENSATO?

“Derogar sin una norma de reemplazo que cumpla esos temas críticos es irresponsable. Es como si ya no es posible formalizar a las “combis”, dejemos que las “combis” sigan circulando, sin importar que maten gente. Se necesita reforzar no dar un paso atrás”, explica Lanegra.

Otro punto de vista tiene el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, para quien sí es una posibilidad la derogación de los decretos: “Yo no lo veo como un error ni una irresponsabilidad. Es una cosa que no funciona y lo que no funciona por una razón se ha trabado. Eso hay que arreglar”.

“Cuando veo el sistema, se estima que 100.000 personas se encuentran entre minería informal e ilegal y solo hay 1.405 formalizados después de tantos años. Eso indica que no prosperó. Los decretos nacieron pensando en el medio ambiente pero no involucrando a otros sectores”, continúa.

En una reciente entrevista dada a Canal N, el candidato a vicepresidente de Keiko Fujimori, José Chlimpler, negó que quieran derogar los decretos a pesar de que el convenio suscrito por Fujimori lo afirma. También dijo que en algunos lugares de Madre de Dios, una de las zonas más afectadas por la minería ilegal, sí se podría hacer uso de cierto tipo de dragas.

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“En el río Madeira, donde operan varios cientos de dragas desde hace más de dos décadas, se ha encontrado elevadas concentraciones de mercurio en la sangre de la gente que realiza actividades de extracción de oro, sobrepasando el máximo permisible”, se lee en el documento.

“Las mayores concentraciones de mercurio se encontraron en las comunidades más cercanas a la zona de operación de las dragas: en la comunidad de Puca Urco, donde algunas personas presentaban niveles de contaminación hasta 20 veces superiores a los máximos permisibles”, prosigue el informe.

DATOS:

- Hasta 2012 las exportaciones de oro ilegal sumaron US$ 1,800 millones y superaron al narcotráfico según un informe de Macroconsult.

-Por la aplicación poco efectiva de la Ley de Formalización Minera (Ley 27651, del 2002), en el 2012, el gobierno emitió una serie de decretos para reiniciar un nuevo proceso de formalización y contener el avance de un tipo de minería que no respondía a las características de la pequeña minería y minería artesanal. Así, se introdujo la distinción entre minería informal e ilegal.