Keiko Fujimori podría afrontar una pena mayor a los 24 años

Un total de 140 elementos de convicción ha incorporado el fiscal del Equipo Especial “Lava Jato”, José Domingo Pérez, en el pedido de prisión preventiva por un plazo de 36 meses para Keiko Fujimori y que fuera presentado ante el Poder Judicial por el caso Odebrecht.

En el documento -al cual accedió Correo y que consta de 165 páginas- se lee que Fujimori es investigada por los delitos de lavado de activos agravado, obstrucción a la justicia, fraude procesal, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y asociación ilícita.

Al fundamentar el nuevo pedido de prisión preventiva para la lideresa fujimorista, el fiscal Pérez señala que los delitos imputados superan los cuatro años requeridos por ley (pronóstico de la pena).

Esto se da tras considerar que la investigada habría incurrido en varios hechos delictivos, por lo que correspondería, de acuerdo con el Código Penal (artículo 50), la sumatoria de los delitos imputados.

Al hacer ese cálculo, la pena concreta aplicable para Keiko Fujimori sería de 24 años con 10 meses, en el escenario de que la lideresa de FP reciba una sentencia condenatoria.

Audiencia

Como se sabe, el pedido de prisión preventiva será evaluado por el juez Víctor Zúñiga Urday el próximo 26 de diciembre a las 9 de la mañana en la sede de la Sala Penal Nacional, en el Centro de Lima.

Según la Fiscalía, Keiko Fujimori sería la lideresa de una organización criminal que tuvo como finalidad alcanzar el poder en diferentes instancias del Ejecutivo y el Legislativo.

Ello se dio con el fin de obtener influencias en el sistema de justicia "para favorecerse y favorecer a terceros como grupos económicos y/o empresariales nacionales e internacionales, a través de actos de corrupción, afectando la independencia y autonomía de los propios órganos del Estado", señala el documento de la Fiscalía.

Para el fiscal Pérez, Keiko habría recibido financiamiento ilícito de Odebrecht para sus campañas del 2011 y 2016 por la suma de un millón de dólares y otros 200 mil dólares a través de la Confiep.

En tanto, la lideresa de FP permanece en libertad desde el pasado 30 de noviembre, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la prisión preventiva dictada por el Poder Judicial.

Hay más

La nueva solicitud de prisión preventiva para Keiko Fujimori fue presentada el pasado 6 de diciembre, el mismo día en que Pérez dispuso formalizar la investigación preparatoria por cuatro de los delitos mencionados contra la lideresa de Fuerza Popular; contra los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya; contra los exasesores Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa, entre otros.

Entre los elementos de convicción presentados se consignan cuatro declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien relató a la Fiscalía que su tío Jaime Yoshiyama le pidió buscar falsos aportantes para el partido Fuerza 2011.

Para la campaña del 2016, señala Yoshiyama Sasaki, fue Keiko Fujimori quien le pidió hacer lo mismo, "para lo cual me pide coordinar con Adriana Tarazona Martínez para que ella me entregue el dinero para ser depositado al Partido Fuerza Popular".

La Fiscalía también tiene en cuenta las declaraciones de Jorge Yoshiyama sobre los vínculos de Keiko con el destituido juez César Hinostroza y las acciones del estudio de abogados Oré Guardia para que los falsos aportantes digan ante las autoridades que entregaron dinero al partido.

El fiscal Pérez también consignó testimonios de testigos protegidos, colaboradores eficaces y falsos aportantes que apuntarían a demostrar que los actos de obstaculización efectuados por la organización criminal, liderada presuntamente por Keiko Fujimori, "en la presente investigación es tan grave que incluso han trastocado diversas instituciones del Estado".

Además, la Fiscalía ha incluido declaraciones de los empresarios que afirmaron haber aportado para las campañas del 2011 y 2016, así como la de Antonio Camayo, quien dijo que César Hinostroza le pidió reunirse con la excandidata presidencial.

Idónea

En otra parte del documento, el fiscal Pérez señala que el plazo de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori se justifica con la finalidad de garantizar la presencia de la investigada durante la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia (control de acusación) y juicio oral.

Pérez también indica que, de acuerdo con la gravedad de los delitos imputados, "no caben otros medios alternativos de la prisión preventiva como la comparecencia simple o con restricciones".

Análisis

El abogado penalista Luis Lamas Puccio resaltó que uno de los puntos más importantes que deberá sustentar la Fiscalía para la prisión preventiva de Keiko Fujimori es la obstaculización de la investigación.

"Se trata de una organización política estructurada a diferentes niveles de personas, que estarían coordinando, y en ese contexto es una de las exigencias que establece el Código Procesal Penal", afirmó Lamas Puccio.

Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión calificó el caso de complejo. "Para la prisión preventiva se necesita demostrar la obstrucción de la justicia o el peligro de fuga", precisó.

Recordó, sobre el último punto, que la lideresa "naranja" estuvo en la cárcel, lo que puede aminorar el riesgo del peligro de fuga.

Sobre la obstrucción a la justicia, Carrión aseguró que esta ha recaído por los hechos recientes. “El Congreso no existe, ya no hay congresistas que puedan influir en la investigación fiscal, ya no está el juez Hinostroza, solo queda Chávarry, que tiene impedimento de salida del país y no está en una posición para ayudar”, manifestó.