El juez Víctor Zúñiga resolverá el próximo 23 de enero el segundo pedido de prisión preventiva de 36 meses para Keiko Fujimori por el caso Odebrecht.

Para ese día, Zúñiga dará lectura a su resolución en la sala de audiencias de la Corte Penal Nacional, en una sesión en la que también estarán presentes el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, así como la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.

Así, el magistrado se pronunciará sobre la solicitud que planteó el fiscal Pérez contra la investigada por los delitos de lavado de activos, organización criminal, entre otros.

El debate entre las partes del proceso comprendió nueve audiencias, incluida una pendiente para este sábado 18.

Sea cual fuere el pronunciamiento del juez, cualquiera de las partes podrá apelar.

Sin arraigo. Ayer, el fiscal Domingo Pérez afirmó ante el juez que la investigada no tiene arraigo familiar ni laboral, por lo que, a su juicio, podría fugar del país.

En esa línea, agregó que Keiko Fujimori “optó por la reserva” de no declarar que el empresario Dionisio Romero aportó con más de $3 millones y medio a su campaña presidencial, antes que haber priorizado el interés por sus dos menores hijas, quienes la visitaban constantemente en los 13 meses que permaneció en prisión.

Dijo, además, que la también excongresista no “posee ni siquiera en propiedad el lugar donde reside y tan solo declara un vehículo del 2011”.

También, dio lectura al testimonio de un testigo protegido, quien afirmó haber visto al abogado de Fuerza Popular, Juan Alarcón, contactar a un falso aportante en las oficinas del Equipo Especial, el 7 de enero del 2020.

La abogada Loza calificó las afirmaciones del fiscal como “conjeturas”.

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