La virtual presidenta Keiko Fujimori ha iniciado una serie de reuniones, con distintas fuerzas políticas, rumbo a su asunción el 28 de julio. Hasta el momento, han desfilado excongresistas como Yehude Simon (Partido Humanista), Jorge del Castillo (APRA) y Juan Sheput (independiente), entre otros.

En medio de esos encuentros, persiste la incertidumbre sobre quiénes integrarán el próximo Gabinete Ministerial o quien lo encabezará. Lo que sí es seguro, en cambio, es que el próximo gobierno hereda diversos desafíos que no pueden esperar a ser abordados al 2027 y deben priorizarse este año.

De urgencia

La lideresa de Fuerza Popular deberá lidiar con problemas como el déficit fiscal, las deudas millonarias que arrastra Petroperú, la ampliación del Reinfo, la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Sobre este último, algunas instituciones públicas ya han realizado estimaciones.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), liderado por Julio Velarde –a quien Fujimori se comprometió a respaldar en el cargo–, señaló que el evento climático puede restar 0.7 puntos porcentuales al crecimiento del país al cierre de este año.

Los sectores más perjudicados serán el comercio, la agricultura, la construcción y la pesca.

Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), detalló que la captura de la anchoveta se redujo en 98% en mayo último, lo que afectará la producción de harina de pescado.

“Las cifras de crecimiento y de exportaciones del segundo y tercer trimestre serán más bajas de lo que se esperaba a inicios de año”, indicó a RPP.

Luego, recordó que la temporada de lluvias, que suele abarcar los meses de diciembre a marzo, impactará en los “cultivos de la costa norte, como el arroz, limón y caña de azúcar; así como a productos de la sierra central como el plátano”.

Sobre el sector construcción, precisó que 3 de cada 5 viviendas en todo el país (60%) “son informales; no tienen las estructuras adecuadas, servicios básicos o títulos de propiedad”.

En ese sentido, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertó a fines de junio último que Balcázar culminará su gobierno sin ejecutar S/11 621 millones destinados a obras de prevención.

Según la entidad, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) solo registra un avance estimado del 51%, al 19 de junio de 2026, de un total de 61 proyectos cotizados en S/22 784 millones.

Mientras tanto, Lima reporta un 3.7% de avance y S/1550 millones sin ejecutar; Lambayeque tiene un avance de 9.9% y S/1217 millones sin ejecutar, entre otros.

Criminalidad

En la lista continúan otros asuntos pendientes como la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Nueve de cada diez economistas señalan que estos factores “lideran los riesgos económicos de corto plazo”, de acuerdo al IPE.

Las cifras registradas a lo largo de este año no son alentadoras. Un total de 4867 decesos por muerte violenta se registraron hasta junio del 2026, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). De este grupo, 1055 fueron homicidios, otros 1108 no tienen causas específicas, 1557 corresponden a accidentes de tránsito, entre otros.

La inseguridad ciudadana le cuesta 11 mil 800 millones de dólares al país por año, de acuerdo al sexto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. Además, el 45% de ciudadanos refirió conocer negocios que cerraron o fueron restringidos por la delincuencia. Esto supone un crecimiento del 32% en comparación al 2025, es decir, un aumento de 3.2 millones de peruanos afectados.

Por otro lado, según una encuesta realizada por el IPE, ocho economistas de cada diez consideran que de buscar facultades legislativas, en el primer tramo de su gobierno, Fujimori “debería priorizar la seguridad ciudadana y la lucha contra economías ilegales”, por ejemplo, la minería ilegal.

En esa materia, el gobierno también tiene un asunto urgente: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La ampliación de esta herramienta vence “el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero”.

Esta figura ha sido catalogada como una oportunidad para que miles de mineros informales operen incumpliendo reglas ambientales y normativas legales.

Petroperú

El déficit fiscal y una política que detenga el endeudamiento y el despilfarro en los que incurre Petroperú también serán asuntos a priorizar.

A mayo del 2026, el déficit fiscal se ubicó en 1.6% del PBI anualizado. Una cifra que aún genera alertas pese a un ligero descenso reportado por el BCR, pues del 2.2% registrado a fines de 2025 se pasó a un 2.1% al cierre del primer trimestre de 2026.

En abril y mayo últimos, mientras tanto, se reportaron cifras de 1.9% y 1.6% del PBI anualizado, respectivamente.

El Consejo Fiscal, por otro lado, alertó que el Congreso aprobó 11 leyes, entre enero y marzo de este año, que suponen un gasto de S/11 400 millones que bien podría llegar a S/15 000 millones.

El problema es una iniciativa de gasto que el Congreso no tiene, pero que fue amparada por una sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en pandemia. Sumado a ello, el gobierno de Balcázar impulsa un crédito suplementario de S/9000 millones en el Legislativo, equivalente a un 1% del PBI.

Petroperú, en tanto, registraba a octubre del 2025 pérdidas netas por S/1611 millones y, a diciembre del mismo año, deudas con proveedores que superaban los S/2569 millones.

El Estado ya había desembolsado, entre 2022 y 2024, un monto de S/17 mil 888 millones en ayudas económicas. Ese monto supera los presupuestos por año que reciben sectores como Salud y Educación.

Si bien José Jerí impulsó una política de austeridad bajo un Decreto de Urgencia con una vigencia de un año, el 31 de diciembre del 2025, Balcázar autorizó que la petrolera estatal pidiese financiamiento por $2000 millones a la banca privada internacional, frente a quien el Estado actuará como garante.

En ese contexto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) envió un mensaje a Fujimori, de forma pública, para pedirle priorizar “la unidad nacional, la seguridad ciudadana, las acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño, la generación de empleo formal y el crecimiento económico”.

“Reiteramos nuestra disposición de trabajar conjuntamente en una agenda de consensos que promueva la inversión privada, la competitividad, el empleo formal y más oportunidades”, acotó.