La vocera de la bancada de Perú Libre, Kelly Portalatino, se manifestó respecto a la decisión que tomó el Tribunal Constitucional (TC) de declarar improcedente el pedido de ampliación de la demanda competencial que presentó el Congreso contra el Poder Judicial, que buscaba una interpretación correcta del artículo 117 de la Carta Magna.
Mediante sus redes sociales, la parlamentaria calificó el pedido del Legislativo como un “papelón jurídico” y aseveró que da más argumentos para una eventual moción de censura contra el presidente de este poder del Estado, José Williams (Avanza País).
“El TC da la razón a quienes nos opusimos al ilegal e ilegítimo pedido del presidente del Congreso para que se ‘interprete’ el artículo 117 de la Constitución. Este papelón jurídico otorga mayores argumentos para la censura del presidente del Congreso”, escribió en su cuenta de Twitter.
“En este corto tiempo ha demostrado solo seguir con la agenda de inestabilidad a la gobernabilidad, desequilibrio de poderes. Exhorto a elaborar una agenda país, en trabajo articulado legislativo y ejecutivo para cierre de brechas sociales”, agregó.
Como se recuerda, la bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial y Cambio Democrático anunciaron que presentarán una moción para censurar a Williams Zapata por no consultar en el pleno la presentación de la demanda competencial ante el TC.
Decisión del TC
Este martes, 25 de octubre, el pleno del TC admitió en parte la demanda competencial que presentó el Congreso de la República contra el Poder Judicial, pero rechazó la parte de la demanda que pedía que se precise la interpretación correcta del artículo 117 de la Constitución, la cual fue planteada luego de la denuncia constitucional formulada por el Ministerio Público contra el presidente Pedro Castillo.
La solicitud se había presentado a raíz de una serie de fallos judiciales que iban en contra de los métodos de elección del defensor del Pueblo y otras competencias propias del Parlamento.
En un comunicado, el TC indica que “no tiene competencia consultiva” y que solo puede actuar cuando hay casos concretos en los que se vulneran derechos específicos.