Días después de que el Congreso de la República aprobara, en primera votación, una ley que hará prescribir todos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el Perú antes del 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió que se suspenda, de manera inmediata, el trámite del proyecto.

DETALLES

La Corte IDH resolvió solicitar al Perú que se congele el procedimiento del Parlamento bajo el argumento de que se garantice el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“Requerir al Perú que se suspenda inmediatamente el trámite hasta que la Corte IDH cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la referida solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos Barrios Altos y La Cantuta resueltos por esta Corte”, señala el pronunciamiento.

Además, la Corte IDH convocó a las víctimas de los ambos casos antes mencionados y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública virtual para el 17 de junio a las 8:30 a.m., para evaluar las medidas provisionales que solicitaron.

Sobre el tema, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público (MP) emitió un pronunciamiento rechazando la norma bajo el argumento de que la propuesta es incompatible con la jurisprudencia supranacional y los estándares del derecho internacional .

“El referido proyecto resulta inviable, toda vez que la acción penal y sanción por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprenoscriptibles”, señalaron.

La institución advirtió que de aplicarse la norma, en promedio 600 investigaciones y procesos judiciales tendrían que ser archivados o concluidos.

Entre ellos casos como Barrios Altos, La Cantuta, Madre Mía, El Frontón, entre otros.

VOCES

El legislador Roberto Chiabra (APP) consideró que si el Estatuto de Roma entró en vigencia en el Perú el 1 de julio de 2002, no es posible que esa ley se aplique a casos que se cometieron con anterioridad.

“Lo que se está pidiendo es algo legal. En ningún país se aplica una ley que no estaba en vigencia. Es un abuso”, indicó.

En declaraciones a la prensa, pidió que se señale con precisión cuáles son los delitos que cometieron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional entre los años 90 y 2000.

“Una cosa es que haya habido excesos. Nadie lo niega y eso debe ser sancionado, pero que esos excesos sean considerados como delitos de lesa humanidad, que me digan cuáles son, sistemáticos, generalizado, que obedezca a un planeamiento y que los que intervienen lo conozcan”, apuntó.

Para Alejandro Cavero (Avanza País), el Congreso es el lugar adecuado e idóneo para hacer política, más no las instituciones que administran justicia.

“El Ministerio Público y el Poder Judicial no están para hacer política. No están para inmiscuirse en las competencias exclusivas del Parlamento que es legislar. Ellos están para administrar justicia, para aplicar la Constitución y aplicar la ley que se aprueba por el Parlamento elegido por el pueblo”, afirmó.