En una reciente exposición ante una Sala del Poder Judicial, el Ministerio Público ha puesto en evidencia la estrategia legal que usa Benedicto Jiménez para desestabilizar la investigación que se le sigue tanto a él como a su otrora jefe, el empresario Rodolfo Orellana.

En un documento enviado al Tribunal, la representante del Ministerio Público indica que Jiménez -también conocido como “El Sheriff”- usa diferentes recursos, tales como aclaraciones, subsanaciones o nulidades, mediante los cuales pretende obstaculizar el proceso.

DILACIONES. Como se recuerda, Marita Barreto, fiscal para Casos de Lavado de Activos, imputó la calidad de “fuerza de choque” al conocido “Sheriff”, debido a que este usó el semanario Juez Justo “como medio para amedrentar, atacar, coaccionar y hostilizar a sus víctimas, que en su mayoría eran funcionarios que investigaban al clan Orellana”.

Desde que empezó la investigación, tanto Rodolfo Orellana como Benedicto Jiménez han presentado recursos de aclaración y de nulidad en diversas diligencias, los que si bien -indica la Fiscalía- son “legales”, tienen en el fondo otra intención.

“La Fiscalía dejó entrever que la articulación del imputado pretendería obstaculizar la seriedad del proceso ante el constante y premeditado faltamiento a la verdad, que desviaría el adecuado curso de las investigaciones”, se indica en el documento de la resolución judicial.

Además, agrega que estos recursos buscan “suspender el curso de las investigaciones penales, como en el presente caso. Es más, de proceder, el Ministerio Público incurriría en responsabilidad”.

Esta fundamentación se sustentó en el marco de la apelación que formuló Benedicto Jiménez contra la resolución de primera instancia que le denegó el pedido de tutela de derechos en la investigación que se le sigue por lavado de activos.

“El Sheriff” cuestionaba la imputación de “fuerza de choque” de la organización criminal dirigida por Rodolfo Orellana que se le hizo entonces.

Como se recuerda, Jiménez no solo había usado la revista Juez Justo para amedrentar a sus cuestionadores y a los de Orellana, sino que, según la Fiscalía, también hacía seguimientos. Una de sus víctimas fue la procuradora para Casos de Lavado de Activos, Julia Príncipe.

CONGRESO. La comisión que tiene a su cargo el caso Orellana en el Congreso aún no emite las conclusiones de su investigación. 

BLANCA PAREDES ANTE EL PJ

El 14 de julio, la fiscal para Casos de Lavado de Activos, Marita Barreto, sustentará nuevamente el pedido de prisión preventiva contra la abogada Blanca Paredes, sindicada como una de las integrantes del brazo legal del clan Orellana. Cabe indicar que el pasado mes de mayo Paredes fue detenida por 15 días a pedido de la Fiscalía, pero salió libre después de haberse cumplido el plazo.

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