La expulsión de Martín Belaunde Lossio está entrampada

A ocho días de que culmine el plazo del arresto domiciliario dispuesto a Martín Belaunde Lossio en Bolivia, el procurador peruano Joel Segura continúa confiado en que la nación del altiplano resolverá la expulsión del prófugo empresario. Para él, Bolivia debe expulsar “sí o sí” al exasesor de campaña de Ollanta Humala al mantener una condición irregular en dicho país y por habérsele rechazado la condición de refugiado.

CONTRADICCIÓN. El defensor del Estado adelantó que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviaría una tercera solicitud para tramitar la expulsión de Martín Belaunde Lossio.

“Tengo entendido que (la Cancillería) va a realizar una tercera (petición de expulsión). Desde enero se está pidiendo. Desde el primer momento en que este señor se ubicó en Bolivia, el Estado peruano solicitó la expulsión. Ahora la Conare ya resolvió y le toca a Bolivia cumplir con su obligación”, comentó en radio San Borja.

Sin embargo, según informaron fuentes de la Cancillería a diario Correo, lo dicho por Segura no es cierto, pues -hasta el momento- solo realizaron una petición de expulsión en diciembre de 2014 cuando se conoció el paradero del empresario.

La fuente explicó que dicho trámite “quedó en suspenso” debido a la solicitud que realizó Martín Belaunde Lossio ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare)

“Se entregó una nota a Bolivia donde se informaba sobre la captura internacional que pesaba sobre Martín Belaunde Lossio y sobre su salida irregular de Perú. Ahora que Conare rechazó el refugio (el trámite de expulsión) vuelve a estar vigente, no hay necesidad de una nota adicional, ni de tramitar otro documento”, señaló.

Del mismo modo, desde la Cancillería informaron que tras la decisión final de la Conare, la expulsión del empresario “es competencia de autoridades de la Dirección de Migración boliviana”.

Aclararon que en las últimas 48 horas solo han enviado una solicitud para ampliar la detención domiciliaria de Martín Belaunde Lossio, la cual debe ser resuelta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia.

OPINIONES. Frente a una aparente pasividad del gobierno peruano, varios exprocuradores del Estado alertaron la falta de voluntad política tanto de Perú como de Bolivia.

En ese sentido, la exprocuradora Yeni Vilcatoma sostuvo que ahora corresponde al Perú hacer todos los esfuerzos para lograr la expulsión de Martín Belaunde Lossio.

“Las autoridades peruanas deben prever presentarse en Bolivia y corresponde que el gobierno pida inmediatamente la expulsión. Desde mi punto no considero que hay voluntad política”, declaró.

Del mismo modo, el exprocurador Christian Salas sostuvo que “el gobierno boliviano debería tomar de oficio la expulsión de Martín Belaunde Lossio sin necesidad de que el Perú lo solicite”

“Vía coordinación telefónica se puede solicitar esto (la expulsión). Recordemos el caso Orellana, lo que hizo el gobierno colombiano fue ponerlo a disposición de las autoridades, expulsándolo. No veo por qué no se procedió de esta manera en este caso. Habiéndose rechazado el refugio a Martín Belaunde Lossio, él debería ser expulsado”, dijo a Correo.

LAVADO DE ACTIVOS. De otro lado, en la vía penal, el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplieron con enviar el segundo cuadernillo de extradición contra Martín Belaunde Lossio por el delito de lavado de activos, tramitado en el caso “La Centralita”.

La jueza Zaida Catalina Pérez Escalante, del Segundo Juzgado Penal Nacional, envió el requerimiento, que por sorteo fue derivado a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema para su evaluación y resolución.

Dicho tribunal está presidido por el juez supremo César San Martín y conformado por los jueces Elvia Barrios, Hugo Príncipe, Jorge Luis Salas y Víctor Prado Saldarriaga.

LOS CARGOS. Para este pedido de extradición, el fiscal supranacional Elmer Chirre ha tomado como base la ampliación emitida en enero último por el fiscal Marco Huamán, mejorándolo y ampliándolo.

El Ministerio Público señala que se ha verificado “presuntos actos de conversión, ocultamiento y tenencia de bienes y recursos de origen ilícito”.

Entre los cargos en su contra destaca el uso de la empresa Ilios Producciones SAC como “fachada”, pues nunca se “materializó” su funcionamiento.