Otro alto exfuncionario del Gobierno de Pedro Castillo se encuentra bajo la lupa fiscal por una grave acusación. Se trata del reciente destituido ministro de Salud, Jorge López, protagonista de una suerte de “pitufeo” en su portafolio.

La Fiscalía inició una investigación preliminar luego de que Punto Final revelara que seis funcionarios del Minsa y el empresario Luis Quito depositaron dinero en la cuenta bancaria de Dervy Apaza, madre de los hijos de López Peña, quien finalmente adquirió un departamento.

DILIGENCIAS

El fiscal Jorge García, integrante del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, fue el encargado de anunciar el inicio de una diligencia.

“La investigación es reservada, no se pueden dar más detalles, hay una investigación preliminar”, respondió brevemente a la prensa.

Las declaraciones las ofreció tras visitar una clínica local ubicada en la cuadra 7 de la avenida Grau, en el distrito de La Victoria.

El fisal García acudió al establecimiento junto a su colega José Quispe para realizar diligencias de solicitud de información, tal como lo adelantó el Ministerio Público en sus redes sociales.

El lugar que ambos fiscales visitaron es una de las 48 sedes que le pertenecen a Luis Quito, empresario que le depositó 70 mil dólares a la cuenta de la exconviviente del ahora exministro López.

Cabe recordar que para justificar el dinero depositado, López Peña aseguró que le dio a la madre de sus hijos un tomógrafo, pieza que ella le vendió al empresario Quito.

Al final de la diligencia, el fiscal García señaló que les entregaron documentos que son importantes para la investigación.

Y aunque los periodistas esperaban las declaraciones del empresario Quito, este nunca se presentó, sino el apoderado de su compañía.

El abogado de apellido Obando, dijo que la compra-venta del tomógrafo está formalizada e incluso existe una escritura pública.

“Hemos hecho una compra real con contrato. La empresa no dará otra declaración”, dijo.

El abogado mostró ante los medios un “contrato”. Se trata de una hoja A4 que hace referencia a la venta de un equipo de tomografía axial computarizada multicorte philips por 67 mil dólares, además de un equipo de Arco valorizada en 3 mil dólares.

El papel lleva la firma del empresario y la exconviviente del saliente ministro, sin embargo, no aparece notariado.

Por la tarde, los fiscales acudieron a la sede del Ministerio de Salud ubicada en Jesús María, para continuar con las diligencias.

REEMPLAZO

Tras la publicación del reportaje del domingo por la noche, el presidente Pedro Castillo anunció en sus redes sociales la remoción del ministro López “en aras de demostrar absoluta transparencia”.

Al respecto, el ministro Alejandro Salas (Trabajo) dijo que la juramentación del nuevo titular de Salud debe ser esta semana.

Consultado por qué se tomó la decisión de manera inmediata con el caso de López y no con otros exministros, Salas respondió que “siempre hay un campo de experiencia”.

“Lo que se puede evidenciar con la decisión que ha tomado ayer (el domingo) el presidente, es que quien es ministro y está siendo cuestionado por temas vinculados a errores o no, tienen que ser investigados y que se haga como ciudadanos”, afirmó.

Por su parte, la ministra Claudia Dávila (Mujer) consideró que “ha perdido una gran oportunidad de hacer grandes cosas por el país”.

“Es terrible lo que ha pasado con el ministro de Salud. Creo que todos estamos un poco conmocionados con los hechos”, sostuvo.

Precisamente, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) se refirió al cese de funciones de López Peña de manera inmediata.

Si bien el legislador saludó la decisión, consideró que el presidente Castillo tiene un doble estándar para corregir.

“Se le está reclamando al señor Castillo por qué no aplica los mismos criterios o por qué no los aplicó con respecto a otros ministros investigando estando en el ejercicio de sus funciones”, sostuvo.

En ese sentido, recordó el caso de los cuestionados exministros Geiner Alvarado y Juan Silva, este último hoy prófugo de la justicia.

Cabe recordar que el Gabinete Ministerial tiene al menos cuatro ministros con investigaciones fiscales vigentes.

Incluso, el premier Torres y el ministro Chero son investigados por la Fiscalía como “operadores” de la red criminal que lideraría el presidente Castillo.