La Fiscalía allana la Confiep y desfigura clausura de CADE

Un auditorio semivacío fue el escenario de la clausura, ayer, de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2019), en Paracas, luego de que se conociera, cual baldazo de agua fría, el allanamiento del fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez a la sede de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

La diligencia fiscal enrareció el clima de confianza que venía generando la CADE por sus mensajes de lucha contra la corrupción, en medio de las revelaciones de aportes no declarados por parte de empresarios a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

Tal fue el impacto que la presidenta de la Confiep, María Isabel León, tuvo que retirarse de Paracas para arribar a Lima, a fin de conocer al detalle las incidencias de la diligencia en la sede del gremio empresarial.

"No vamos a declarar nada hasta que no sepamos qué es lo que exactamente están buscando. Ya hemos entregado toda la documentación y obra en la Fiscalía", declaró León escuetamente.

Un día antes, la empresaria había dado un mensaje claro en contra de la corrupción e, incluso, se había referido a las declaraciones de Dionisio Romero, dueño del grupo Credicorp, quien dijo ante la Fiscalía que aportó 3 millones 650 mil dólares para la campaña de Keiko Fujimori (2011).

"¡Corrupción nunca más, caiga quien caiga!", aseguró la representante de la Confiep.

Sin embargo, ayer mostró su sorpresa por la diligencia de la Fiscalía. “La verdad, con franqueza, sí (me sorprendió). Ayer declaramos en el CADE que justicia sí, exceso no”, aseveró.

Como para resaltar la paradoja, una encuesta que fue realizada por Ipsos y divulgada en la propia CADE, dio como resultado la aprobación mayoritaria (66%) al trabajo del Equipo Especial del caso "Lava Jato" por parte del sector empresarial.

Así, los asistentes avalaron al mismo Equipo Especial que allanó, por segunda vez, la sede de la Confiep. La primera, también por el caso Keiko Fujimori, ocurrió en febrero del 2018.

Operativo

La orden -emitida por el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday- comprendía el allanamiento, registro domiciliario, medida de descerraje e incautación sobre el inmueble ubicado en San Isidro.

En el documento, al que tuvo acceso Correo, se lee que la diligencia tiene como fin encontrar "comprobantes como facturas, boletas, certificados de donación y cualquier otro vinculados a las donaciones, recepción o entregas de dinero o bajo otro cualquier otro título que realizaron los integrantes, asociados o miembros" de la Confiep para la campaña política de las elecciones generales del 2011 y 2016.

En su resolución, el juez sostiene que existen los suficientes elementos de convicción relacionados a que en la sede de la Confiep habría pruebas "relacionadas a la persona jurídica Fuerza 2011 (Fuerza Popular)".

De esta manera, el juez consideró que la medida es "proporcional", validando los intereses de la Fiscalía como defensora de la legalidad y persecutora del delito.

Reacción

"Confiep seguirá colaborando con las investigaciones para que estas se desarrollen con integridad y transparencia para que la verdad se abra paso. Como lo señaló ayer nuestra presidenta, la lucha contra la corrupción debe ser íntegra. JUSTICIA SÍ, EXCESOS NO (sic)", señaló el gremio empresarial en otro tuit.

En respuesta, el fiscal José Domingo Pérez negó cualquier tipo de abuso por parte del Equipo Especial del caso "Lava Jato" durante la diligencia de allanamiento.

"El comunicado que ha salido en el Twitter de la Confiep, respecto a un posible abuso por parte de la Fiscalía lo debo negar, es falso. Siempre actuamos dentro del marco de la legalidad y esta medida tiene autorización judicial", señaló Pérez Gómez.

El representante del Ministerio Público hizo estas declaraciones al salir de la sede empresarial por la mañana. Por la tarde, volvió con más fiscales del Equipo Especial y continuó recabando información.

Como se recuerda, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, reveló en 2018 a la Fiscalía que la constructora brasileña entregó 200 mil dólares para una campaña de publicidad en medios organizada por Ricardo Briceño, presidente de la Confiep el año 2011.

De acuerdo a Barata, el apoyo se dio ante la posibilidad de que Ollanta Humala ganara la Presidencia.

Sin embargo, otro millón de dólares habría entregado la empresa para Keiko Fujimori, a través de los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

Hace una semana, la Confiep publicó un comunicado en el que rechazaba haber financiado campañas políticas.