El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el exasesor presidencial Carlos Moreno y los que resulten responsables por los delitos de concusión, colusión simple y agravada, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Una vez recibida la denuncia a través de la mesa de partes, la fiscal anticorrupción Janis Sánchez Porturas citó a Édgar Ortiz Gálvez, director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para realizar la entrega formal de los USB que contienen los audios, remitiéndolos a la oficina de cadena de custodia de la Fiscalía.

Asimismo, se tiene previsto tomar la declaración de Édgar Ortiz Gálvez. También se ha solicitado información del personal del hospital Arzobispo Loayza mencionado en los audios; al Ministerio de Salud se ha requerido las tarifas de diversos procedimientos médicos del Seguro Integral de Salud (SIS); y a Sunarp se ha pedido los antecedentes registrales de la Clínica de Osteoporosis SAC.

AMPLIACIÓN. De otro lado, durante la tarde de ayer, la Procuraduría Anticorrupción amplió la denuncia en la investigación contra Moreno, que se sigue ante el despacho de Janis Sánchez Porturas.

Al respecto, el procurador anticorrupción encargado, Sumber Fernández Espinoza, informó a Correo que, a diferencia de la denuncia realizada por la Presidencia de la República, su despacho ha individualizado a los responsables.

“En efecto, su denuncia es solo contra los que resulten responsables, nosotros hemos procedido a ampliarla y hemos individualizado la misma contra Carlos Moreno Chacón, Julio Segundo Acosta Polo, Walter Arturo Muñoz Cho, Miguel Sifuentes Melgarejo y Aldo Peirano Castillo”, puntualizó.

Todos ellos, acotó, han sido denunciados preliminarmente por los delitos de negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir.

El procurador Fernández Espinoza no descartó que en su momento se solicite el impedimento de salida del país, o alguna medida restrictiva contra Moreno, “porque en este momento aún estamos en la etapa inicial” del proceso.

Asimismo, indicó que “este caso se debe castigar con el mayor peso de la ley, puesto que se trataba de un funcionario que estaba realizando actos ilícitos dedicados a perjudicar a los más pobres del país”.

“Por eso, hemos estado trabajando todo el fin de semana, incluso el mismo domingo. Hemos logrado individualizar los hechos y procedimos y ampliar la denuncia con elementos puntuales”, refirió.

Finalmente, indicó que los audios deberán ser analizados y su pertinencia, es decir, si son lícitos o no, se evaluará en el transcurso de las pesquisas.

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Contundencia. Aunque ya se formalizó la denuncia, algo que no se debe perder de vista es la contundencia de la denuncia planteada contra los protagonistas de los “Morenaudios”.

En opinión de dos exprocuradores especializados en delitos de corrupción, Christian Salas y Yeni Vilcatoma, la demanda por el caso “Morenoaudios” puede correr el riesgo de ser archivada en la Fiscalía.

En opinión de Salas, el Ejecutivo o alguien más que haya tomado conocimiento de esos audios, lo que debió hacer es dar cuenta a la Fiscalía y no avisarle a este señor (Carlos Moreno), porque al hacerlo, “lo ponen en alerta, en sobreaviso”, comentó.

De haber procedido de manera reservada, el fiscal hubiese levantado con autorización de un juez el secreto de las comunicaciones del principal involucrado “y armar todo un operativo para ver si lo encuentra o no en flagrancia delictiva”.

“Eso no ha ocurrido debido a que (desde el Gobierno) se procedió mal. Lo que correspondía era cesarlo, despedirlo, no esperar su renuncia”, añadió.

Lo que debería hacer la Procuraduría, señaló, es precisar que el objeto de la investigación no son los audios, sino “los convenios que habían y la forma de trabajo que hay entre las empresas que brindan el servicio en el ámbito privado y los funcionarios del sector Salud”.

Como se recuerda, en los audios difundidos hace unos días se escucha a Moreno pedirle a uno de sus interlocutores que cree una empresa que brinde servicios en la especialidad de odontología a la clínica Especialidades Médicas y Osteoporosis, donde él participaría como accionariado.

“Eso sí podría ser un delito, pero como no se ha verificado, no hay forma de determinarlo. Se tendría que investigar en las gestiones anteriores si esos actos se han desarrollado de esa manera o no. Eso sería el sentido de la denuncia porque de la forma como se ha planteado, parecería más un gesto político que una acción legal adecuada”, añadió.

Sostuvo además que el proceso judicial contra Moreno no prosperará porque “es imposible que los delitos denunciados por la PCM sean encuadrados”.

IDENTIFICACIÓN. Por su parte, la exprocuradora y hoy congresista Yeni Vilcatoma señaló que “es grave” que la PCM haya formulado la denuncia sin identificar al denunciado en su etapa inicial.

“Tenemos un audio que es un elemento de convicción importante, tenemos identificada a la persona, los números telefónicos para pedirle al fiscal el levantamiento del secreto de las comunicaciones; sin embargo, tenemos una denuncia genérica donde no se ha precisado al señor Moreno”, subrayó antes de conocerse la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación preliminar en este caso.

“En la realidad de los hechos tenemos identificado al señor Moreno. No solo importa su versión, sino los números con los que cuenta, y el mismo audio, como elemento de convicción. Importa saber quién realizó las grabaciones y las razones por las que realizó tal grabación, pues debe haber tenido conocimiento de los presuntos actos ilícitos”, agregó.

SOLO COMUNICADO. Por su parte el abogado Carlos Caro Coria, antes de conocerse la investigación preliminar por parte de la Fiscalía, sostuvo a Correo que desde el punto de vista jurídico “se trata no de una denuncia, sino solo de un comunicado, pese a que en la primera hoja dice que es una denuncia penal”.

Según el especialista legal, lo que ha hecho la Presidencia de la República a través de su asesor legal es presentar una nota informativa a la Fiscalía.

“Se trata solo de una comunicado, no se puede llamar a eso denuncia pese a que hay un correlato de artículos penales. No hay nada más”, indicó.

De otro lado, añadió que inicialmente el caso debería tratarse por el delito de colusión, hecho que está penado hasta con 15 años. Ello, acotó, sin perjuicio de que los delitos puedan aumentar.