Uno de los involucrados en el caso Interoceánica ha presentado ante el Poder Judicial, un recurso para que se anulen los delitos que se le imputan porque alega que se agotó el tiempo para que sea juzgado.

Es en ese sentido, si logra su intención, que esta estrategia legal podría servir de ejemplo para que todo el entorno que ha participado en ese caso de corrupción solicite lo mismo para salir librado de la investigación comprendida por presuntos delitos cometidos en la licitación de los tramos 2 y 3 y 4 de la carretera Interoceánica.

Su nombre es Alberto Pasco-Font y, aunque pocos los recuerden, es una pieza fundamental en ambas indagaciones pues sería, según la Fiscalía, el facilitador para que el extraditado expresidente Alejandro Toledo le entregue en el 2005 la buena pro a la empresa Odebrecht y lo mismo para la brasileña Camargo Correa.

Pasco-Font fue miembro del Comité Proinversión que autorizó la obra junto a Sergio Bravo Orellana y Patrick Barcklay Méndez.

Correo tuvo acceso a un documento de audiencia del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria en el que se describe la petición de Pasco-Font para que prescriban sus delitos de asociación ilícita y negociación incompatible por el tramo 4 de la investigación.

“En el caso en concreto, se advierte que el investigado en mención ha deducido excepción de prescripción de la acción penal respecto a los delitos de asociación ilícita y negociación incompatible”, reza el escrito.

Tras recibir el pedido, el referido juzgado fijó la audiencia para que la solicitud planteada por la defensa del involucrado sea evaluada exclusivamente. Será el próximo martes 6 de junio, a las 10 de la mañana.

ANÁLISIS

Consultado sobre esta situación, el penalista Andy Carrión indicó a este diario que la petición de Pasco-Font podría marcar un precedente para otros involucrados en ambas pesquisas fiscales.

Dijo que los imputados a los que también se les ha solicitado prisión por nueve años -e incluso 11 años- podrían acogerse a la misma estrategia y plantear un pedido de esa naturaleza.

“Los plazos de prescripción se contabilizan desde que han sucedido los hechos. Si los hechos que se están investigando y se están imputando vienen del año 2005, entonces la prescripción operará desde ese año, es decir del 2005 hasta el 2014″, indicó.

En tal sentido, vio posible que una petición de esa naturaleza tenga éxito si es presentada por la defensa de algún imputado en la pesquisa por los tramos 2 y 3. No encontró muchas posibilidades de que tengan éxito en la indagación para el tramo 4.

“Aquí sí habría ciertas consecuencias al menos positivas para el mismo Pasco-Font. Distinto es el caso para, por ejemplo, el propio Alejandro Toledo para quien la Fiscalía ha solicitado 20 años y no habría prescrito de ninguna manera y tampoco para José Graña ni para Camet ni Castillo Dibós, pero para el resto, para quienes la Fiscalía ha solicitado entre 9 y 11 años de cárcel, sí tendrían posibilidades de que se prescriban los delitos”, indicó.

De otro lado, opinó que este tipo de recursos pueden debilitar la investigación.

Carrión precisó que allí la Fiscalía podría apelar y solicitar que se maneje un plazo extraordinario de prescripción.

“Habría que ver si cuando presenten un recurso por el tramo 2 y 3 les dan la razón a los investigados. Si es así, tan matemático de cómo inicio (en 2005), el PJ no tendría más que hacer que darle la razón”, explicó.

Insistió en que la prescripción sí tendría lugar para algunos involucrados en el tramo 2 y 3 de la indagación ante la falta de investigación de parte del Ministerio Público desde que se originaron los hechos.

Insistió en que, ante cualquier situación similar, la Fiscalía podría apelar.

RECUENTO

Como sabemos, la investigación a los actos irregulares en la licitación a la carretera Interoceánica es uno de los casos más emblemáticos que tiene en su poder la Fiscalía.

Esta pesquisa ha conducido incluso a que se solicite prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, quien apenas hace una semana fue extraditado desde California (Estados Unidos) al Perú para que cumpla la orden judicial -que fue dictada en 2017- en el penal Barbadillo, al lado de sus pares Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

Esta indagación no solo lo involucra a él sino a otras personas (ver infografía) como por ejemplo Pasco-Font para quien el Ministerio Público ha solicitado 9 años de cárcel por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica; y 22 años de cárcel por el tramo 4.