Hace veinte años la sindicada terrorista Mónica Feria Tinta salió del país en momentos en que enfrentaba un juicio por el presunto delito de terrorismo, luego de que la Fiscalía la denunciara por colaborar con la propaganda del grupo subversivo Sendero Luminoso a través del periódico El Diario. Actualmente, ha logrado que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ponga en marcha un juicio contra el Perú por haberla detenido y procesado en abril de 1992.

Es por este caso que Feria Tinta solicita que el Estado peruano le pague cerca de $2 millones, es decir, S/.7 millones de soles, por presuntamente haberla vejado física y sexualmente durante su detención. El juicio oral se inició el último jueves ante el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) presentara el caso a favor de Feria Tinta, alegando que el Perú violó sus derechos.

Feria Tinta o la “Señora J”, como la llaman ante la Corte IDH, ha solicitado que se le repare “moral y materialmente”. MATILDE. Pero, ¿quién es Feria Tinta? La primera detención de la sindicada como “Camarada Matilde” fue el 27 de abril de 1987, en momentos en que pegaba afiches del semanario Cambio y Unidad Democrática Popular (UDP), vocero del MRTA.

Luego de seguirle los pasos, en 1992 la Policía detectó que Feria Tinta también colaboraba con El Diario, un periódico ligado al PCP-SL. Esto fue corroborado cuando se detuvo a la senderista Yovanka Pardavé, responsable de la célula senderista Socorro Popular. Se descubrió entonces que dicho grupo era el nexo entre la Dirección Central de SL y El Diario. Este periódico era dirigido entonces por Jorge Durán Araujo, alias “Camarada Hugo”.

Antes de ser detenida, Feria y otros subversivos ayudaron a un grupo de periodistas ingleses para que realicen un reportaje mostrando a las bases senderistas. La sindicada “Camarada Matilde” fue detenida junto a otras nueve personas, entre ellas Durán Araujo y Mary Palomino Morales “Camarada Tina”. Cuando la Policía de la Dirección Contra el Terrorismo revisó la habitación de Feria Tinta, encontró una carta enviada desde Bruselas (Bélgica) por Luis Arce Borja “Camarada Ramiro”.

En dicha misiva Borja le pedía que escribiera acerca de las acciones de SL, de sus dirigentes, entre otras cosas relacionadas al PCP-SL. A cambio de ello, Feria Tinta recibiría un pago.

AGENTE ENTERADO. Precisamente, fue el agente peruano ante la Corte IDH, Luis Huerta Guerrero, quien recordó en el juicio oral, el accionar de Feria Tinta y remarcó que fue miembro activo de SL a través de su equipo de propaganda. Huerta aclaró que el Perú nunca se allanó en este proceso y que, por el contrario, “la CIDH cometió un error al someter este caso ante la Corte IDH”.

“Confiamos en que, a partir de estos elementos, la Corte pueda resolver adecuadamente y reconocer los esfuerzos del Estado peruano”, indicó.

SENTENCIADOS. Huerta, asimismo, pidió que la “Señora J” (Feria Tinta) se ponga a derecho ante el Estado peruano y pueda defenderse con todas las garantías de ley que le otorgan las actuales normas procesales.

Sin embargo, pese a la negativa de la defensa de Feria Tinta, que indicaba que ella era inocente de los cargos, el procurador recordó a las demás personas detenidas junto a ella por El Diario. Uno de ellos era primo hermano de “Feliciano”. Todos fueron sancionados con 10 años de prisión. “Los hechos por los que se les juzgó son los mismos por los que se le acusa a la señora J”, sostuvo.

NI UN SOL. “No hay que pagarle nada. Ni un sol a los terroristas que mataron, ayudaron a matar a peruanos y que publicitaron las acciones criminales de Sendero Luminoso”, ese fue el firme pronunciamiento del congresista Octavio Salazar, integrante de la Comisión de Defensa del Congreso de la República. Fue al comentar la demanda interpuesta por la sindicada terrorista. Remarcó que personas como ella solo quieren hacerse las víctimas.

“La señora J se está haciendo la víctima, no se le debe pagar. Ese dinero se debe dar a los huérfanos del terrorismo. ¿Cuántas personas se han victimizado”, se preguntó el parlamentario. Recordó que muchos terroristas, luego de haber matado a miles de peruanos, pretenden ahora recibir dinero del Estado. “Quieren dinero cuando el erario nacional ha tenido que cubrir gastos para la lucha contra el terrorismo que ellos engendraron”, indicó Salazar. En ese sentido, destacó la labor del procurador del Estado ante la Corte IDH, Luis Huerta Guerrero, quien, dijo, ha desbaratado los argumentos de “la señora J”.

ESTÁNDARES. De otro lado, el exministro de Defensa Ántero Flores Aráoz manifestó que frente a la pretensión de Feria Tinta, la actitud del Estado tiene que ser prolija y valiente y que sus defensores tienen la obligación de sacar cara por el Estado de la manera más acertada.

Señaló que aun cuando hayan existido transgresiones a los derechos humanos, se debe tratar de que las reparaciones se hagan dentro de estándares nacionales y no internacionales. “Las reparaciones o indemnizaciones son para resarcir daños, mas no para enriquecerse, por lo que lo solicitado por la señora Feria Tinta está, a todas luces, fuera de los estándares generalmente aceptados”, afirmó.

ERRORES. Sin embargo, pese a la acertada defensa que realizó el procurador Huerta Guerrero ante la Corte IDH, el expresidente de la Sala Penal Antiterrorismo, Marco Ibazeta, lamentó que en general el Estado peruano cometiera muchos errores al momento de enfrentar este tipo de casos.

“El Estado cometió otro error, ¿cuál fue? Que no cuestionó los hechos y toda las demandas, por el contrario, se allanó en algunos casos. Y, al reconocer un solo caso, se vino una avalancha de denuncias en contra nuestra”, anotó.

En ese sentido, indicó que el Estado peruano podría perder este y otros casos. “No creo que termine bien parado”, comentó. En todo caso, dijo, “quizá la Corte tome en cuenta los delitos por los que se le acusa a Feria Tinta y pueda tenerlo en cuenta al momento de aplicar un resarcimiento”.

APARTARNOS. Quien también coincidió con Ántero fue la congresista Martha Chávez, al mostrarse en desacuerdo con pagar cifras exorbitantes como reparaciones civiles a terroristas. “Terroristas como ella (Feria), mas bien deberían indemnizar al país. Por ser blandos al tratárseles, ahora pasan a la ofensiva. No es el único caso y no va a ser el último”, indicó.

Bajo ese contexto, Chávez es de la idea de que el Perú se aparte del Sistema Interamericano, pues ya es conocida la tendencia de la CIDH y de la Corte IDH. “No hay ningún poder que pueda obligar al Perú a bajar la cabeza y menos ante Sendero Luminoso, que ha dejado 25 mil muertos”, comentó.

Finalmente, el general PNP en retiro Eduardo Pérez Rocha lamentó que muchas ONG actualmente busquen situaciones para llevar al Perú a los tribunales internacionales y dejar en mala posición al Estado peruano. “El caso de la señora seguro no es diferente. Son cerca de dos millones de dólares lo que pide como reparación. No sería nada raro que una ONG internacional también esté detrás de esta exigencia”, manifestó.

Pérez Rocha hizo un llamado al Gobierno para fortalecer las procuradurías del Ministerio del Interior: Antiterrorismo y Supranacional, que muchas veces no cuentan con los recursos para defender los casos. “Muchas procuradurías no tienen dinero para transportarse y realizar sus diligencias, tampoco para ir a las citaciones. Es lamentable lo que sucede y sobre eso se debe trabajar”, finalizó.

Otra demanda por caso “Castro Castro”

La demanda por supuesta agresión durante su detención no es la primera que entabla la sindicada terrorista Mónica Feria Tinta ante el Sistema Interamericano en contra del Perú. Ella también demandó a nuestro país para que le pague 97 mil dólares. Feria Tinta exigió dicha suma luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fallara a su favor para que se le reembolse los gastos que realizó como abogada de los familiares de las víctimas del debelamiento del motín del penal Castro Castro, en 1992. Pese a que el Estado peruano ha tratado de llegar a un acuerdo con ella para hacer efectivo dicho pago a través de una compensación, Feria pidió que se le pague a través del Fondo de Asistencia Legal de la Corte IDH.

CLAVES:

- 75 mil dólares es lo que pide Mónica Feria como indemnización por cada año desde que fue detenida hasta hoy: 21 años.

- El Segundo Juzgado Supranacional es el que procesa a Mónica Feria. Dicho juzgado aún mantiene vigente la orden de captura en su contra.

- Mónica Feria Tinta es requerida judicialmente al ser acusada por pertenecer y hacer abierta apología al PCP-Sendero Luminoso, grupo terrorista.

- El delito de apología al terrorismo del cual se le acusa se encuentra contemplado en el artículo 7 de la Ley Nº 25475. La justicia la tiene en la mira.

- En 2008 se pidió la extradición de Feria a Alemania, pero fue denegada.