Ley laboral juvenil genera polémica

La ley que intenta promover el acceso de los jóvenes entre 18 y 24 años al mercado laboral formal -promulgada ayer por el Ejecutivo- no ha sido bien recibida por los sectores de izquierda del país y algunos partidos como el APRA y Perú Posible, este último aliado del régimen.

En Acción Popular hubo pronunciamientos no institucionales en contra, como la del legislador Yonhy Lescano.

Por lo pronto, le tocó al oficialista Daniel Abugattás pasar un mal rato en el Congreso cuando un pequeño grupo de jóvenes radicales lo rodeó e increpó su respaldo a la norma. Intervino la Policía para dispersarlos.

Gremios laborales de izquierda, como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Única de Trabajadores (CUT) y la aprista Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), anunciaron marchas para los próximos días.

EN LA BALANZA. No obstante, la mayoría de los técnicos y expertos laboralistas consultados reconocen que, puestos en la balanza, son mayores los beneficios que las desventajas.

La Ley 30288 (régimen laboral especial juvenil), en opinión del laboralista Jorge Toyama, crea un incentivo para poner en planilla a los jóvenes entre 18 y 24 años, “que son los más desempleados, los más informales y los que menos ganan”.

INCENTIVOS. Según Toyama, no hay incentivos hoy para que las empresas contraten a más jóvenes en planilla.

Los jóvenes buscan trabajo, pero le piden experiencia; ahora pueden conseguir esa experiencia en planilla, agrega.

La parte negativa, anota Toyama, es que el nuevo régimen no incluye todos los derechos laborales. No hay CTS, gratificaciones, derecho a utilidades, asignación familiar, se reducen las vacaciones de 30 a 15 días.

En cambio, el joven tendrá seguro social en salud, jornada de ocho horas, descanso semanal, pago de horas extras, de feriados y está protegido contra despidos injustos, entre otros.

“Son comprensibles las quejas, pero el balance de la norma es positivo. Hoy día los jóvenes fuera de planillas son informales y ganan poco”, redondeó el experto.

De otro lado, la norma establece que el Estado pagará a EsSalud por los jóvenes que sean contratados por las micro y pequeñas empresas.

Asimismo, las empresas tendrán derecho a un crédito tributario sobre el Impuesto a la Renta a cambio de otorgar capacitación para el trabajo a los jóvenes que contrate.

NO DISCRIMINA. El exviceministro de Trabajo y laboralista José Echeandía asegura que al final del día la norma “es positiva”.

A su juicio, va a encaminar la formalización de los trabajadores.

“Muchos se van rasgar las vestiduras, van a decir que están discriminando, que se crea trabajadores de segunda categoría...”.

Admite que, transitoriamente, se va a tener una situación de menos beneficios.

En cuanto a las críticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la norma, Echeandía opina que la entidad se refiere a los dos millones de trabajadores hoy en planillas. “El resto de la PEA (población económicamente activa) no tiene ni siquiera gratificación, seguro de salud, ni nada, está en la informalidad”.

El laboralista Germán Lora también cree que la ley facilita el acceso al empleo formal.

EN CONTRA. Para el exministro de Trabajo Jorge Gonzales Izquierdo, la norma en cuestión es negativa. Parte, a su juicio, de un error de diagnóstico, a saber que la escasa empleabilidad de los jóvenes es por falta de experiencia. En realidad es por falta de entrenamiento y capacitación, asegura.

“Los efectos van a ser marginales cuando pasen dos o tres años”, pronosticó.

El Partido Aprista emitió un pronunciamiento oficial.

Manifestó su rechazo a la ley que considera discriminatoria por imponer condiciones de trabajo “ajenas a la decencia laboral”.

El líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, escribió en Facebook: “Si bien la economía no está en el mejor nivel de crecimiento, no podemos afectar el crecimiento de los jóvenes eliminando sus derechos laborales y constitucionales”. Y pidió al Congreso la reformulación de la ley.

Por la tarde, el MEF señaló que hoy la tasa de desempleo de los jóvenes de 18 a 24 años es cuatro veces mayor que la del grupo de 30 a 65. La norma, dijo, beneficiará a unos 250 mil jóvenes que trabajan sin un contrato formal.

“Es una opción que le da el Estado a los jóvenes para acceder al mercado laboral, a los que tienen problemas de empleabilidad o falta de experiencia, a los que nunca han tenido empleo formal o han estado desempleados más de 3 meses”, dijo Enzo Defilippi, jefe de asesores del MEF.